El Derecho de Defensa y la Oralidad. Ariel Ciano

EL DERECHO DE DEFENSA Y LA ORALIDAD

Por Ariel Ciano.

El derecho procesal penal ha intentado diseñar un sistema de resolución de los conflictos sociales que permita ser eficaz en la investigación de los delitos y a su vez, que contemple cabalmente las garantías del debido proceso
El art. 18 de la Constitución Nacional establece expresamente las garantías que deben respetarse dentro de un proceso penal, así se menciona la inviolable defensa en juicio, la imposibilidad de ser penado sin juicio previo o de obligar a una persona a declarar contra si mismo.-
La lectura conjunta del artículo mencionado precedentemente con las restantes normas integrantes de dicho cuerpo normativo nos permite establecer el marco del proceso penal querido por nuestra Carta Magna, siendo, obviamente, de neto corte acusatorio, y por ende, contrario a los lineamiento seguidos por los sistemas -y las prácticas- inquisitoriales aún vigentes.-
El proceso que enuncia nuestra Constitución es claramente contradictorio en todas la etapas del proceso penal, identificando los roles que cumplen los diferentes operadores judiciales, permitiéndole a la persona imputada refutar el hecho, interrogar a los testigos, proponer medios de prueba, plantear su hipótesis del caso.-


En este sentido, la mejor forma de garantizar el debido proceso es a través de la oralidad, teniendo claro que no es un principio, sino un mecanismo que posibilita la mejor aplicación de nuestros principios rectores, entendiendo por tales el de contradicción, el de inmediación y el de publicidad.-
Como afirma Binder: “Cuando hablamos de “oralidad”, no estamos diciendo simplemente las actuaciones de roles escénicos en un espacio mas o menos majestuoso. De lo que se trata es de lograr pasar de un modelo administrativo de justicia basada en el trámite, en la petición ( que es el modelo de las peticiones administrativas), a una administración de justicia basada en el litigio. La estructura del litigio es un punto fundamental como eje articulador de las distintas propuestas de cambio”
Se considera, no sólo posible, sino absolutamente necesaria, la realización de audiencias orales en la etapa de investigación para la decisión de todas las medidas que se vinculen con la libertad de las personas -fundamentalmente excarcelaciones y prisiones preventivas- así como la resolución de todas las cuestiones que requieran discusión, para de ese modo, respetar cabalmente los lineamientos esgrimidos por nuestra Carta Magna.-
Así, dentro del esquema presentado es fácil advertir que la implementación de la oralidad a todas las etapas del proceso penal permitiría, no sólo un mejor funcionamiento de la defensa en juicio, sino también afianzar la relación de confianza entre el abogado y su defendido, ya que este último, al participar en las audiencias puede verificar debidamente el accionar de su defensor.-
De este modo no solo se estarían respetando nuestros principios rectores, sino que además se propiciaría una mejor forma de litigar para las partes involucradas, generando la tan ansiada “transparencia judicial”.-
Vale aclarar que cuando se habla de “transparencia judicial”, se está haciendo referencia a la existencia de pautas claras y de procedimientos conocidos, no sólo por las personas involucradas en el proceso sino también por la ciudadanía, a los fines de evitar resoluciones arbitrarias de los integrantes del sistema judicial.
En definitiva, la idea presentada tiende a organizar el sistema penal de una manera que nos posibilite acercarnos cada día más y de mejor manera a lo que llamamos debido proceso.-
El procedimiento conocido como Plan Piloto -en realidad Plan para el Fortalecimiento del Sistema Acusatorio en la Provincia de Buenos Aires y del que formaron parte CEJA, INECIP, la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y un grupo de Fiscales, Jueces y Defensores del Departamento Judicial de Mar del Plata- ajustado normativamente a lo prescripto por los artículos 284 bis, ter, cuater, quinquies y sexies del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires permite que a los casos de flagrancia por delitos dolosos cuya pena máxima no exceda de quince años de prisión se los gestione de acuerdo al citado plan, es decir, a través de audiencias orales, ya sea para la excarcelación, el sobreseimiento, la suspensión del juicio a prueba, la libertad por falta de mérito, la elevación a juicio o el dictado de una sentencia luego de un juicio abreviado.
Este tipo de audiencias exige la presencia de los fiscales, defensores y jueces “en persona” y no “sólo en las actas” o “en los papeles”, ya que como las decisiones se toman en la misma audiencia los jueces no pueden estar ausentes, impidiéndose también en consecuencia que los demás funcionarios deleguen dicha función.
El hecho de que los plazos procesales sean mas cortos permite realizar trámite con mayor celeridad que en un trámite común, así se obtienen los antecedentes más rápidamente se realizan las pericias solicitadas etc, elevando de esta forma los derechos del imputado y de su defensa para incorporar prueba al proceso.-
Todas estas circunstancias hacen notar que la oralidad trae consigo no solo un mejor desarrollo del derecho de defensa sino un mejoramiento en la administración de justicia permitiendo que los roles dentro del proceso estén bien diferenciados y consecuentemente se respete de mejor manera el sistema acusatorio.-
Así, se puede afirmar, que el Estado intenta por medio del proceso penal, no solo aplicar de la mejor manera posible la coerción estatal, sino también intentar proteger al individuo frente al uso o abuso de éste.-
Llegados a este punto, cabe advertir que desde la dogmática no hay ninguna posibilidad de formular objeciones a la implementación de la oralidad en el proceso penal, ya que uno de los postulados principales de todo Estado de Derecho que se precie de ser Democrático y Constitucional, es justamente que todas las resoluciones judiciales -exceptuando obviamente aquellas que autorizan registros domiciliarios o interceptaciones telefónicas y que por su propia entidad deben ser tomadas in audita parte- se tomen luego de escuchar a todos los sujetos procesales y “frente a la comunidad”
A su vez deviene relevante la generación de un espacio de discusión entre Jueces, Fiscales y Defensores, ya sea públicos o privados, tendiente a optimizar ciertas prácticas de trabajo, coordinar agendas de audiencias y mejorar rutinas de los procedimientos, sin que ello implique ningún tipo de resignación de posiciones de cada uno de los operadores.
Resulta extraño, o por lo menos llamativo, que entrando en el siglo XXI aún sean requeridos trabajos doctrinarios dirigidos a justificar la necesidad de la aplicación de la oralidad plena a nuestro sistema penal, aunque cuando se analiza la situación en que se encuentra la administración de justicia, “renace” la importancia de generar consensos acerca de la importancia de implementar -y de forma urgente- un sistema de audiencias para todos aquellos actos que lo posibiliten, porque es la única manera de garantizar totalmente la defensa en juicio.-
Un sistema de oralidad plena provoca indudablemente mejor calidad de la información que transmiten los sujetos procesales y, consecuentemente, mejor calidad de las decisiones que tomen los jueces, permitiendo a los defensores el ejercicio de su tarea en un ámbito mucho más apropiado y con herramientas más adecuadas, generando que el ejercicio profesional se acerque al objetivo que, seguramente, todos los abogados anhelaban cuando eligieron estudiar Derecho, motivando, a su vez, que los operadores se capaciten permanentemente para mejorar la calidad de sus tareas.
Luego de haber efectuado el análisis precedente, creemos que ha quedado claramente demostrado que instaurar la oralidad en todas las etapas del proceso penal y para todo tipo de investigaciones, es absolutamente necesario, ya que no sólo genera mayor transparencia en la administración de justicia, sino que garantiza con mayor amplitud y eficacia el derecho de defensa y las garantías individuales.

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3 comentarios en “El Derecho de Defensa y la Oralidad. Ariel Ciano

  1. oscar pelayo paucar mamani dijo:

    Muy excelente el comentario, aquí en el Perú en forma progresiva está entrando en vigenia el nuevo modelo procesal contradictorio adversarial, para cumplir con nuetros objetivos de fensa a cabalidad, quisiera que me enviaran comentarios sobre Tecnicas de Litigación Penal u Oral, gracias

  2. Lic. Julian Ortiz Roman dijo:

    Licenciado Ariel Ciano, buenos dias, a ver que dia vuelve a estas tierras Mexicanas, Precisamente a Ciudad Juarez, Chih. que la siga pasando bien

  3. analia garcia dijo:

    no se si te va a llegar este correo pero no puedo dejar de felicitarte, estoy completamente segura que sos ariel ciano que conoci en congreso en tucuman hace quizas 20 años y veo que seguis luchando por la libertad y la justicia. Me emociona y me hace muy feliz. Soy analia garcia de uruguay

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