Encuesta. A tres años del Sistema de Juzgamiento de Delitos en Flagrancia.

OPERADORES MAR DEL PLATA

1. ¿que balance realiza, a tres años de su inicio, de la implementación del Plan Piloto para la Profundización del Sistema Acusatorio, previsto para el juzgamiento de delitos detectados en situación de flagrancia?.
2. ¿cuáles han sido los aspectos positivos y negativos de la configuración del sistema diseñado?.
3. ¿qué aspectos modificaría de la actual implementación práctica de este mecanismo?

BOERI, Cecilia (Defensora General)

1. A modo de síntesis, adelanto que no volvería el tiempo atrás. El terreno ganado en términos de garantías a mi juicio es indiscutible, aunque ciertamente perfectible.
Durante este tiempo me he replanteado la aptitud de ciertas estrategias para el logro de objetivos aún no alcanzados, pero debo reconocer que todo ha sido, y sigue siendo un aprendizaje sobre la marcha, y si fue difícil visualizar acabadamente a priori toda la dinámica de un sistema, o vaticinar la reacción de los operadores judiciales, más inexpugnables resultaron las evaluaciones y/o lecturas que desde todos los ámbitos se hicieron a posteriori sobre este procedimiento judicial.
El derecho penal vigente, -estáticamente un contenido encerrado en sus propios límites-, dinámicamente actúa estableciendo sus fronteras.- Pero antes, y mientras se decide en qué estrecho margen resulta legítima la aplicación del derecho de fondo, ya ha hecho su ingreso estelar el poder punitivo en el proceso operando con mayor o menor intensidad sin aguardar una condena firme. Mientras tanto, esas penas procesales (que recién de acotan, legitiman o des-legitiman con las sentencias firmes) inciden en la voluntad del imputado para aceptar la renuncia al debate pleno a través del juicio abreviado, y en el caso de la prisión preventiva, tienden a determinar el monto mínimo de las futuras y previsibles sentencias condenatorias (que tienden a legitimarlas). La duración del proceso entonces opera como un factor relevante tanto para la determinación final, si cabe, de una pena legal, como para la prolongación de toda suerte de penas informales nunca jamás legitimadas .- Según como se lea entonces, la celeridad, entendida no como supresión de garantías, sino de dilaciones indebidas, acota la violencia en vez de multiplicarla.
El juicio abreviado no fue introducido por el procedimiento de flagrancia, pero se transformó lamentablemente en su carta de presentación mediática: un sistema punitivo eficaz por expedito, cuya mayor virtud consistía en la velocidad para arribar a una condena.
Sólo velocidad en las condenas, sin valorar su número –comparativamente inferior en relación a los archivos, suspensiones de juicio a prueba, sobreseimientos y absoluciones-, ni el monto inferior de las penas, ni la reducción de la prisión preventiva, ni el considerable aumento de las absoluciones tempranas por sobreseimiento, ni los archivos tempranos, ni la supresión de la delegación, ni la oralidad y el contradictorio como innegables garantías para el imputado en la etapa preparatoria del juicio, ni la supresión de las dilaciones indebidas.
El proceso penal sigue la suerte moral del derecho penal. Pero no debería ser peor, ni más extenso; solo inevitablemente incierto, en la medida necesaria para eliminar el error y la desmesura.

2. El saldo positivo, es sin duda, la oralización – y por ende, la iluminación- de la etapa más inquisitiva del procedimiento regulado por la ley 11922, que era – y lo sigue siendo en parte- la Investigación Penal Preparatoria, incluida la etapa intermedia.-
Salvo en los casos de flagrancia y aquellos excepcionales en los que se realiza el debate (no siempre en tiempo razonable) o la audiencia prevista por el art. 168 bis del CPP, ese procedimiento preparatorio, totalmente escrito, sin control por parte de la defensa, en el que fácilmente se cobijan aún hoy la delegación de funciones y las dilaciones indebidas, termina en la mayoría de los casos siendo el único, el definitivo y turbio sustituto del prometido debate, pretendido pero frustrado “saneador” de todos aquellos males, al que a la postre se renuncia con la opción por el “ juicio” abreviado.
La discusión oral en la etapa preparatoria e intermedia resulta vital para el ejercicio de la defensa y para el imputado, protagonista central e informado tanto por el Juez como por su defensor, del avance del proceso, y de las alternativas viables por las que puede optar.
No hay más juicios abreviados que antes, pero sí son sensiblemente menores las penas consensuadas, y existe la posibilidad de discutir en audiencia oral y pública el valor convictivo de los elementos colectados durante la IPP, y todos los extremos de la imputación durante la etapa intermedia (con la sola excepción de la calificación cuando no hace a la libertad del imputado).- El retroceso del procedimiento inquisitivo es notorio.
Descartar de plano el juicio abreviado, puede en los hechos traducirse en mayor penalidad (conf. Pavarini Máximo, “La negociabilidad de la pena, entre la parsimonia y el despilfarro represivo”, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Criminología 1, pág. 23 y sig.), por el contrario, hay que corregir en lo posible sus debilidades, y tomar solo lo que importe un beneficio para el imputado.
La legalidad debe entenderse a mi juicio como un límite sólo para la expansión del poder punitivo; la simplificación y la negociación en la etapa conmesurativa, así como la flexibilización de las penas durante su ejecución, sólo en la medida en que importen menos pena, resultan válidos y consecuentes desde la perspectiva de un derecho penal mínimo, y pueden traducirse en beneficios para el imputado.-Si el derecho penal se permite ser “mínimo” y “flexible” en relación al cumplimiento de su promesa de efectividad total, no puede trocarse en rígido,- como no sea para limitarse-, en esa pequeña cuota en la que con mayor o menor inocencia ha decidido actuar.-
Beneficios para el imputado y para el sistema ¿es posible conciliar dos intereses aparentemente contradictorios?
Podría afirmarse en un primer análisis, que para la persona que soporta una imputación penal, la simplificación del proceso será compatible con sus intereses, sólo si importa un beneficio, o cuanto menos no le ocasiona ningún perjuicio. Sin embargo, esto no basta.-
Debe distinguirse aquello que realmente importa un beneficio, de lo que sólo es tal, por la posición desfavorable en la que ilegítimamente se ha colocado al imputado a la hora de decidir.-
Como consecuencia no deseada, o por lo menos no acorde con los objetivos que tuvo en mira la ley 11922, la práctica demostró que la opción por el juicio abreviado ejercida por el imputado, frecuentemente es motivada en “beneficios” construidos artificialmente por el sistema, que genera “costos procesales” cuya única escapatoria es la simplificación, o simplificaciones que sólo son la legitimación tardía de penas cumplidas en prisión preventiva.- O sea que no se elige libremente, sino que se opta por dejar de pagar costos sistémicos que no guardan ninguna relación con el hecho, y ni siquiera con el autor, por lo que la simplificación en tales términos constituye lisa y llanamente una coerción propia del más crudo sistema inquisitivo, y una pena en sí misma.-

La renuncia al trámite pleno requiere mínimamente :
1) la posibilidad de defensa y el control jurisdiccional efectivo durante la etapa preparatoria.
2) el consentimiento libre e informado del imputado.
3) asistencia técnica calificada.
4) que se encuentre expedita y disponible la opción alternativa, o sea el debate pleno.
5) que no se haya agotado previamente en prisión preventiva la pena prevista en el delito que se le imputa, o una parte sustancial de la misma.

El procedimiento de flagrancia logra aproximarse a algunos de esos objetivos, y es claramente superador de la situación preexistente.
Ha disminuido la incidencia de incentivos perversos como el abuso y prolongación de la prisión preventiva, la morosidad judicial, la incertidumbre sobre la fecha del debate, y la certeza de su celebración tardía.
Esos son a mi juicio, y desde la óptica de la defensa, los objetivos, y el logro parcial obtenido por el procedimiento de flagrancia.
Parcial, porque sólo puede acotarse –y así fue diseñado -, para los procesos de menor complejidad, lo que guarda relación con la estrechez de los plazos y la posibilidad de discusión y resolución en una misma audiencia en la etapa intermedia.- No puede trasladarse sin más este procedimiento a los casos más complejos.
Y parcial también, porque como todo procedimiento oral, y como cualquier procedimiento por más virtuoso que se pretenda, debe contemplar siempre su propia dinámica, lo que aún depende en gran medida de la voluntad, creatividad, y sobre -exigencia de algunos de sus operadores.
El sistema es sensible tanto a la calidad y capacitación, como a la cantidad equilibrada de sus operadores.
Debe preservarse, -y adecuarse permanentemente- el delicado equilibrio que debe existir entre:
• el número de órganos jurisdiccionales y el de integrantes del MP
• el número de fiscales en relación al de defensores oficiales.
• la cantidad de órganos jurisdiccionales e integrantes del MP, en relación al número de casos en los que deben intervenir.
• la cantidad de órganos jurisdiccionales e integrantes del MP conforme el tipo de procedimiento que se pretende adoptar, en este caso, preponderantemente oral.

Los desequilibrios generan indefectiblemente ineficiencia, retardo de justicia, la inequitativa distribución de la carga laboral, y la violación de garantías constitucionales.
Actualmente el desequilibrio generado en desmedro de la defensa, y la sobre exigencia de sus operadores es notorio. Desde su puesta en vigencia, se incrementó el numero de órganos jurisdiccionales y de fiscales, creando inclusive fiscalías descentralizadas, y se sumaron nuevas competencias (en materia de estupefacientes, transición en el fuero de Responsabilidad Juvenil, mediación), por lo que el número de defensores resulta insuficiente para cubrir con la preparación necesaria todas las audiencias, generando desajustes en todo el sistema.
Obviamente, el retroceso al sistema escrito solo ocultaría este evidente desequilibrio, sin remediarlo en absoluto, pero no deja de constituir un aspecto negativo que hoy en día genera gran preocupación.

3. No son exactamente modificaciones, sino precisamente recuperar la posibilidad de generar correcciones, o perfeccionar la organización, aspecto que se perdió una vez que se dio por cerrada la “experiencia piloto”, aún con asignaturas pendientes (entre las que destaco la grabación y registro en audio de los debates).
Las cuestiones organizacionales no son menores, y tampoco pueden atribuirse todas al escaso número de defensores. La limitación de las salas de audiencias, y la necesidad de acomodarse a las franjas horarias, genera un clima de apuro constante, que si bien cede durante la audiencia misma, -en la que no se advierte limitación alguna para la discusión-, parece estar siempre al límite de su capacidad operativa.
Más salas de audiencias, más colaboradores en la OGA, más defensores, reuniones periódicas para evaluar el funcionamiento del sistema y transmitir inquietudes y propuestas, harían una gran diferencia.
Me he preguntado también si ciertos plazos no son demasiado exiguos para la defensa, pero he terminado por concluir, dada la escasa complejidad de los casos, que el problema no son los plazos sino el número de defensores. También es carga para la defensa, informar desde la entrevista previa al imputado, cuales son las alternativas posibles según el caso, y como será evaluada su conducta procesal de allí en más.
Sin embargo, si el imputado así lo solicita, debe concedérsele un plazo razonable para que evalúe la propuesta fiscal para el juicio abreviado. En etapa de garantías puede solicitarse el plazo previsto por el art. 336 del CPP, pero en juicio debe ofrecerse sin más la prueba, fijándose la fecha de debate. Ese cuarto intermedio resulta particularmente necesario cuando dicha propuesta se le formula recién en la audiencia preliminar. No es frecuente, pero suele suceder que el imputado no se haya contactado antes con su defensor, inclusive que sea traído a esa audiencia con el auxilio de la fuerza pública. Simplemente duda, y no se le puede exigir que tome esa decisión apresuradamente.
También son perfectibles las técnicas de litigación. Brindar en forma consistente la información que el Juez requiere para decidir, centrar los puntos de controversia, no presentarse en la audiencia sin la suficiente preparación, todos temas sobre los que no puede legislarse, pero que en la práctica deben corregirse.

CASTAÑEDA, Carolina (Abogada Particular)

1. Considero que ha cumplido su finalidad de implementar una justicia “en primera instancia”, rápida, donde se respeta en el marco de las audiencias que se establecen, la contradicción, la bilateralidad; simplificando al proceso, oralizandolo casi íntegramente, logrando que el Fiscal, el Juez y las defensas se “vean” y “escuchen”, barriendo con la idea de un Juez vestido con una toga y una balanza en su mano, humanizándolo, presenciando sus conclusiones y fundamentos directamente.
La celeridad que presupone el Proceso de Flagrancia ha implicado obviamente, que las personas sometidas a proceso vean resuelta su situación penal en tiempo corto, sorteando el estado de incertidumbre que duraba en algunas oportunidades (casi en todas) “años”, recibiendo finalmente el dictado de una sentencia a las cansadas.
En el sentido anterior, la morosidad en el dictado de la resolución contribuía al de un estado de inseguridad generalizado, que no solo se daba en el antiguo código Jofré donde prevalecía lo escriturario, sino también en el marco de la vigencia de la ley 11922, donde por el colapso dado por “todas” las causas que tramitaban bajo el mismo régimen, la IPP se demoraba y el acceso a un juicio se veía muy lejano. Evidencia aún hoy lo anterior que en el sistema penitenciario sólo el 15% de los más de 25 mil detenidos tienen condena firme.
Entiendo que el Plan piloto ha venido a descomprimir la situación anterior agilizando la mayoría de los trámites y descomprimiendo el cúmulo de expedientes que se encuentran en a la espera de una resolución final.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, considero que existen situaciones dadas en aparente flagrancia donde la cuestión a resolver no es tan evidente y se hace necesario investigar más; para ellas, que no son pocas, entiendo que los plazos son demasiado breves y en oportunidades, no alcanza para establecer la suerte de la persona sometida a proceso, vulnerando ello, a veces, la posibilidad de una correcta defensa y una solución justa.
De la mano de la situación del individuo sometido a proceso en este marco, la víctima directa del delito también encuentra aquí una “aparente” respuesta rápida.

2. Como positivo, conforme lo expresado, la agilización del sistema de juzgamiento y, como negativo, el escaso tiempo que dura la investigación, traducido por ejemplo en la demora para proveerse el préstamo para estudio de la IPP – en el caso del defensor particular por lo menos – ello dado por la producción de la prueba del Fiscal, que cuentan en el proceso y negativamente para la defensa; además como dije en determinados casos, la defensa ve acotada la posibilidad de ofrecer pruebas que surgen tardías a favor del imputado, toda vez que, no siempre aquellos delitos que se juzgan como cometidos en flagrancia son tan claros como parecen, tan es así que, en oportunidades, cuando se decide la continuidad del proceso al juicio oral, la cuestión planteada como cierta en la IPP se ve revertida en dicho estadío en función de la prueba que llega al Juicio.
De conformidad con lo anterior, acerca del exiguo tiempo de resolución, el rápido acuerdo que muchas veces alcanzan fiscal e imputado, - partes en obvia desigualdad – importan romper con la finalidad última de acercarse a la verdad.
Es frecuente presenciar cómo, algunos de los fiscales proponen una pena para resolver la causa en Juicio Abreviado en el marco de la Etapa Instructoria y adelantar la que solicitarán de continuar el trámite, siendo la segunda “mayor”.
En dicha opción, ante la premura de un “Juicio” inminente y con un pedido de pena más severo, el imputado, ante la posibilidad de ser condenado a una pena mayor, suele aceptar una pena por un delito que tal vez ni siquiera cometió.
Vemos que, la idea general de justicia rápida se confunde por mera estadística con la llamada justicia eficaz aunque no lo sea.
De la mano con lo anterior, para que la “justicia” sea eficaz también debe estarse al estudio de la faz ejecutiva de aquella sentencia que se ha dictado rápidamente.
En este caso, el colapso que se hubo de dar en el marco de la instrucción y en la etapa de juicio se ha trasladado a la Ejecución; viendo a diario cómo los Juzgados competentes en dicha materia encuentran sus dependencias plagadas de causas para resolver sobre el particular.
Vale decir que, veo trasladado a la ejecución el colapso anterior por la cantidad de sentencias que se dictan en tiempo exiguo.
Antes teníamos una cantidad impresionante de procesados, hoy, la cantidad de penados excede las posibilidades de los Jueces de Ejecución.
No se puede ver un sistema como la panacea cuando se llega a una resolución rápida pero en el final, el colapso detiene al penado en la solución de sus peticiones, por falta de recursos (me refiero a los estructurales) para abordarlos.

3. Para la resolución de los conflictos de una sociedad de manera justa y ecuánime implementaría la policía judicial para limitar la arbitrariedad policial en el armado de causas, que no ha desbaratado la inmediatez del imputado con defensores, fiscales y jueces como originariamente se preveía.
Alongaría los plazos; esto lejos de que ello implique barrer con el sistema, sino para enraizarlo como corresponde; convocaría a la defensa en todas y cada una de las oportunidades donde se den probanzas decididas por el Misterio Público Fiscal sin mediar solicitud expresa al respecto.
Abogaría por más recursos para que la etapa de ejecución canalice de la misma forma – rápida – las situaciones planteadas en la etapa, para evitar que, la rapidez por una lado implique un cuello de embudo en la final.
De la forma actual, lejos estaremos de la intención que manifestara públicamente nuestro gobernador Daniel Scioli cuando manifestó que con la Flagrancia se liberan recursos humanos y materiales para su mejor aprovechamiento.
Si se me permite una reflexión, digo que, si se pretende que el sistema de flagrancia sea una solución para la inseguridad, habremos perdidos la batalla; la condena rápida en la sociedad actual, no soluciona el punto.
Pretender que se da una respuesta a la sociedad contra la inseguridad (uno de los justificantes políticos del proceso en tratamiento) agilizando el proceso penal, es no menos que una tontería, es como pretender hacer volar un globo con más agujeros que parches.
Para pensar y luego elaborar una buena política criminal debe estarse a más de la solución “razonadamente rápida” del conflicto a la Implementación de planes tendientes a la prevención del delito.
La justicia 'express', expeditiva, rápida, pret á porter, sin papeles ni nada en palabras de Eugenio Zaffaroni no resuelve pues, el problema de fondo, solo agiliza el fin del proceso y la tarea de los operadores del sistema.

CELSI, Leonardo (Juez en lo Correccional)

1. El sistema aportó un aire de renovada transparencia. Jueces (camaristas incluidos), Fiscales y Defensores asumieron en la etapa de la Investigación la responsabilidad real de los roles que les incumben. Los imputados pudieron tener contacto directo con ellos y con el funcionamiento del sistema. El plan, en líneas generales funcionó, de acuerdo a los propósitos que planteaba.
En la etapa de juicio, en cambio, se va aplicando letárgicamente. Las partes se relajan, y los jueces recién ahora empiezan a imponerse el cumplimiento de los plazos.

2. (+) Positivos: acercamiento de la Justicia al conflicto real, procesos rápidos, juicios en "caliente" (se evitan olvidos y excusas en este sentido). Incluso a nivel punitivo, se notó una mayor racionalidad.
(-) Negativos: a veces la celeridad sacrifica la Justicia y la propia eficiencia reclamada. Eso se nota en acuerdos de abreviación irresponsables, unificaciones pendientes, y otras desprolijidades varias.
La mayor crítica sigue vigente: Este sistema, forzado por intereses extranacionales, se dirige a la criminalización "fácil" respecto de la clientela de siempre. Se gastan enormes recursos humanos y materiales para procesar determinada clase de delitos cometidos por determinada categoría de autores. Mientras, seguimos esperando que lo que el sistema iba a descongestionar permita llevar a cabo esas grandes investigaciones prometidas.

3. En lo estructural, sin Defensores el sistema indefectiblemente fracasará en su premisa eficientista. Esto funcionó con el esfuerzo de muchos operadores, pero el espinazo de algunos ya esta cansado. Y sin una Defensa vigil, se confirmaría que la idea es condenar rápido, y no juzgar en tiempo y forma debida.
Me remito también a la respuesta anterior: si el sistema no demuestra que tiene capacidad para procesar casos verdaderamente relevantes, todo esto carece de sentido.

CONTI, Néstor Jesús (Juez de Tribunal Criminal)

1. El balance que puede realizarse, desde un primer momento, es bueno; principalmente, porque -entiendo- se ha logrado el objetivo perseguido: agilizar la resolución de conflictos penales.
2. Los aspectos positivos, entiendo, son la agilización antes referida, el acotamiento del estado de incertidumbre que necesariamente sufre quien se halla procesado por la comisión de algún delito, que en las soluciones alternativas al conflicto se han minimizado (notoriamente) las penas que se pactan entre las partes (pues ya no se "necesita" justificar el tiempo de detención que viene sufriendo el causante), que el imputado tiene -desde un primer momento- contacto "cara a cara" con su defensor, con el fiscal que lo acusa y con el Juez de su causa, entre otras cosas.
Con respecto a los aspectos negativos, creo que a veces se puede llegar a facilitar que algunos operadores -defensores, fiscales y/o jueces- (por suerte, no todos) tomen alguna decisión con "ligereza" ante la premura de los plazos que, al ser tan escuetos, pueden llegar a precionar ciertas determinaciones.
Asimismo, considero que el sistema no puede ser rigurosamente aplicado cuando ello va en desmedro de los derechos del imputado, por lo que -a mi entender- el mismo podría contar con la posibilidad de "renunciar" al mismo en determinados supuestos (ej., cuando le sea conveniente acumular procesos seguidos en su contra, sin importar el estado de los mismos ni los plazos transcurridos).
3. Finalmente (y pido disculpas si ello no es así), tengo entendido que durante las audiencias de excarcelación y de finalización el Juez escucha a las partes sin tomar contacto (acabado) con el expediente, circunstancia que me parece un tanto peligrosa, toda vez que debe existir un control en la actividad del Ministerio Público cuando se decide por no llevar adelante la acción o cuando acude a algún criterio de oportunidad, principalmente, cuando no hay "víctima visible".
Por otra parte, también creo que debería modificarse algún plazo que pudiere resultar -a veces- exiguo durante la etapa de juicio.
Por último, me parece una barbaridad que, de acuerdo a la última reforma, el Juez o Tribunal de juicio deba resolver (en SJP y/o J.A.) en forma inmediata, luego de deliberar en forma ininterrumpida, pues ello importará (casi siempre) una adecuada falta de motivación. Estamos resolviendo conflictos humanos y aplicando penas de prisión (cortas o largas, pero siempre importantes), circunstancia que amerita el más profundo análisis y razonamiento por parte del decisor.


DE MARCO, Daniel (Juez de Garantías)

1. En términos generales el balance es positivo. La implementación ha evitado en un altísimo porcentaje la delegación de funciones jurisdiccionales claves y permitido al juez tomar contacto directo e inmediato con el imputado. También ha logrado establecer un diálogo más racional entre los operadores del sistema, facilitando la aplicación de alternativas a la prisión preventiva, que ha pasado a cumplir fines exclusivamente aseguratorios y no funciones asignadas a la pena, impidiendo que ésta última -ex post- legitime encierros cautelares desproporcionados. También ha conducido a la búsqueda de salidas tempranas del proceso e impulsado cambios saludables en la jurisprudencia (vgr. renuncia a la suspensión de juicio a prueba y acumulación de procesos).
2. Los positivos han sido mencionados supra como parte del balance general. Añado que, aun cuando no califico de favorable la realidad que se extrae de la información obtenida, sí es positivo contar con ella para lograr su transformación. Me refiero concretamente a cómo el proceso de flagrancia ha puesto de relieve la selectividad del proceso de criminalización secundaria en las franjas más vulnerables de la sociedad. Los negativos. La defensa oficial –que asiste casi la totalidad de los casos flagrantes-, no cuenta con los recursos humanos suficientes para garantizar una asistencia plena. Aumenta la reincidencia real en casos de penas de corta duración sin tratamiento penitenciario.
3. Haría aplicables las reglas de conexión –excepcionando el art. 34 del C.P.P.- cuando todos los casos sean flagrantes y transiten la misma etapa procesal. Hacer expreso que los acuerdos previstos en el art. 284 quinquies (SJP-JA) pueden instrumentarse en la audiencia de finalización, aun cuando ha mediado prórroga. Al margen: No se advierte todavía el rediseño del MPF en la persecución de delitos complejos.

DELEONARDIS, Alfredo (Juez de Tribunal Criminal).

1. A tres años de su implementación, el balance que arroja la implementación del Plan Piloto para el juzgamiento de delitos detectados en situación de flagrancia es claramente favorable. En primer lugar, destruyó el "mito" sobre que no era posible acortar la duración de los procesos penales. En realidad, más que un mito, era la respuesta burocrática que otorgaba un sistema que parecía conformarse con la importante reforma introducida por la ley 11.922 (en el año 1998) que supuso reemplazar la estructura inquisitiva del proceso por una de caracter acusatorio que proponía como centro al debate, pero que no alcanzó el éxito esperado en cuanto a la desformalización de la investigación preparatoria y la agilización en el trámite de los recursos.

2. Entre los aspectos positivos destaco:
a) la reducción sensible del plazo de duración del proceso lo que, en muchos casos, implica la consiguiente reducción en la duración de las medidas de coerción que soporta la persona sometida a proceso, en tiempos en que la prolongación excesiva de la prisión preventiva es, a mi juicio, la principal falencia que exhibe el sistema en cuanto a la concreta observancia (eficacia) de las garantías constitucionales (principio de inocencia y debido proceso legal);
b) el haber puesto al alcance de la víctima una alternativa de reparación también en plazos muy cercanos a la comisiòn del hecho, a través de institutos preexistentes como el archivo sujeto a condiciones (56 bis CPP), la suspensión del juicio a prueba (76 bis CP) cuya aplicación fue dinamizada por el Plan Piloto.
c) la notoria elevación en la calidad de la información que transmiten los órganos de prueba durante los debates orales que se realizan en los procesos tramitados conforme el Plan Piloto, a partir de su cercanía en el tiempo con el hecho bajo juzgamiento.
d) en cuanto a los aspectos negativos, hacen más que a la configuración del Plan, a falencias que se observan en el cálcuclo de los recursos humanos necesarios para su adecuado funcionamiento, siendo los más evidentes la insuficiente cantidad de defensores oficiales que tienen a su cargo una tarea que debe llevarse a cabo sin posibilidad de delegación alguna, con una celeridad que obliga a una preparación y dedicación intensiva a los respectivos casos, y a su vez a la obtención de muy buenos niveles de comunicación con los defendidos, a quienes se le presentan alternativas que han de ser evaluadas y resueltas en muy corto tiempo.

3. Contando previamente con los recursos humanos y materiales (vg: sala de audiencias) necesarios para evitar disfuncionalidades como las señaladas en la respuesta anterior, estimo que debieran profundizarse las rutinas tendientes a oralizar las distintas incidencias del proceso, pues ello contribuirá, además de a pronunciar los beneficios ya apuntados, a consolidar el funcionamiento del sistema acusatorio, impidiendo el retorno a prácticas contrarias al mismo, basadas en la delegación y el escriturismo, a la vez que habrá de elevar el nivel de capacitación de los operadores con miras al debate.

ERRANDONEA, Saúl Roberto (Juez de Garantías)

1. Esta experiencia ha determinado un cambio significativo en pos de hacer efectivo en nuestra provincia el sistema acusatorio, anhelo legislado en la ley 11.922, pero que en mi comprensión no había sido logrado.
Los objetivos propuestos al inicio de la experiencia, cuales 1) Profundizar el sistema acusatorio. 2) Optimizar el modelo de gestión de los recursos, y 3) Mejorar la capacidad de respuesta del sistema a los conflictos y la imagen institucional del Poder Judicial, en esta primera etapa parecen, en mi criterio, haberse cumplidos.
La construcción del sistema, con el apoyo de las instituciones que brindaron el andamiaje técnico (Procuración, CEJA, INECIP), estuvo a cargo de los operadores, generándose una modificación de la gestión y la actitud de estos, sin cambio legislativo alguno., Se advierte en esto la diferencia con experiencias anteriores, en donde la reforma legal había precedido a la comprobación de la viabilidad del sistema. Debe recordarse que la consagración legislativa (ley 13.811) tuvo como base la experiencia desarrollada en los departamentos judiciales donde se implemento.

2. El sistema, desde su implementación cumple acabadamente con los criterios organizacionales de: 1) Flexibilidad, 2) Reducción de costos, 3) Mejoramiento en la calidad del trabajo, 4) Comunidad de gestión.
Ha permitido el logro de prácticas aceptadas por todos los operadores, gestadas bajo la formula del consenso. Esto en lo actitudinal, representa un avance notable, ya que cada uno, desde la función que ejerce, acerca un aporte con la vista puesta en mejorar el sistema, asumiendo obligaciones para la realización de la audiencia (El fiscal aporta los antecedentes del imputado, la defensa logra la comparecencia del imputado cuando se encuentra en libertad, etc.). Reuniones periódicas y talleres de revisión hacen posible mantenerse alerta para tal logro.
Instaló la preocupación por la gestión administrativa- judicial COMUN, en cuanto a la necesidad de escindir lo administrativo de la decisión jurisdiccional, ámbito exclusivo – esta última – del Juez.,
Esto como consecuencia de la creación de una Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), la que con mínimos y necesarios recursos, permitió administrar la gestión de la experiencia, con la estrecha colaboración del personal de los Juzgados.
Esta oficina, con el asesoramiento del dpto. de Informática, y de organismos de la Corte, permitió generar información confiable, cuyos datos dieron sustento a estadísticas que nos han permitido monitorear y proyectar la experiencia, como también la labor del Juzgado.
Ha permitido un avance en la tan anhelada desformalización de la Investigación Penal Preparatoria, aunque aún reste un camino importante por caminar. Valen como ejemplos de ello, el régimen de notificaciones, la grabación de las audiencias, ola ductilidad de la oficina y de los jueces en la ejecución de las audiencias.
Se ha afianzado el contradictorio, con la posibilidad que el imputado se encuentre con aquel que le intima en forma directa el hecho, con un defensor que expone su estrategia con claridad y sin misterios, y con el órgano juzgador que recepta directamente las pretensiones, generándose un ámbito más propicio y acorde a la manda constitucional establecida en el Art. 18 de la Constitución Nacional.
Las cuestiones en la audiencia, se plantean con claridad, utilizando un lenguaje natural, entendible para su destinatario. Se lo hace sin intermediarios, pues el Fiscal le habla en forma directa cuando formula la imputación. Además, verifica la tarea efectiva de su defensor. Por fin, el Juez le refiere lo decidido, dando cuenta de los fundamentos en que se basa, y recabando su comprensión en tal sentido.
Ha permitido la resolución de una importante franja de casos, en un tiempo más que razonable, y con un aceptable grado de respeto a las garantías procesales, trayendo esto, y como consecuencia necesaria, la mayor disponibilidad –ahora- del recurso humano y material para avocarse a la investigación y resolución de los casos considerados de mayor complejidad.
Se ha modificado radicalmente la forma de gestionar un Juzgado de Garantías, tanto en lo referente a la estructura interna, como en las interrelaciones que se generan con otros órganos que conforman el sistema de justicia.
Para esto, se han incorporado herramientas de gestión, tales como la PLANIFICACION, el uso de la INFORMACION, la valorización del TIEMPO, la confección de AGENDAS, y la realización de DIAGRAMAS DE FLUJO, sumado a la modificación del anterior sistema, signado por la DELEGACION, ya que este se ve reducida en forma ostensible, debiendo rediseñarse la estructura de la oficina.
Sobre este último punto, es dable notar, al menos desde mi experiencia, la ausencia de capacitación desde lo institucional para superar estas situaciones, supliéndola por inquietud propia derivada de la necesidad de recurrir a ella.
Esta capacitación debe ser generada con estándares técnicos uniformes para toda la provincia, siendo en esto dable de destacar la actividad realizada en tal sentido por la Procuración General, como la del CEJA. Llama la atención en los departamentos judiciales que me ha tocado visitar por la implementación del plan, la diversidad de criterios en la aplicación de la ley procesal, como así también la ausencia de un modelo de gestión que permita optimizar los recursos con que se cuenta. El Juez ejerce su jurisdicción en la decisión, no en la gestión.
Cada Juzgado parece organizarse desde el Juez, cuando esto debería venir dado, y establecido bajo amplias bases de consenso, sin dejar afuera en esta arquitectura al justiciable. A este habría que asegurarle cierta homogeneidad de litigación en cualquier punto de la provincia.
Hoy no se puede imaginar nuestro departamento judicial, fuera de este sistema y sin la realización de prácticas orales.
Se reclama por necesidad la capacitación, tanto en lo referente a la gestión del juzgado, como a las técnicas de litigación en audiencias, más aún cuando se avizora la extensión de estas prácticas de oralidad hacia otros procedimientos (audiencias art. 168 bis del CPP).
Se observa en la columna de pendientes, cuestiones referidas a una reingeniería general del sistema. La absorción de casos generadas en el ámbito de la Fiscalía de Flagrancia, provoca un desahogo en las restantes, el que debería conllevar mayor producción y calidad en la investigación. Otro tanto ocurre con los órganos de juicio.
Desde el punto de vista de la gestión se impondría comenzar a pensar un nuevo esquema de funcionamiento de la Justicia Penal provincial, marchando hacia sistemas con claro deslinde entre lo administrativo y lo jurisdiccional, como a formas donde se compartan recursos a fin de optimizarlos. Vale como ejemplo lo que es hoy la oficina de gestión de audiencias (OGA), y que permite imaginar Mesas de Entradas Únicas, personal compartido, etc.

3. En lo estrictamente referido a la implementación, entiendo que se presenta como necesario el monitoreo de las prácticas - a través de los controles con que hoy cuenta la Corte - que se realizan en cada departamento, pues siempre se ofrece como tentación “simular oralidad” produciendo una puesta en escena ya ensayada y donde se diluye el contradictorio.
Este control debe llevar de la mano a la capacitación. La formación de nuestras escuelas de derecho, no prevén formación al respecto, se carece de información en técnicas de litigación, como también de comunicación. El Consejo de la Magistratura, en lo que conozco, no lo ha puesto como exigencia en la selección de un magistrado.
Esto conlleva un nuevo perfil de Juez, concepto al que no se puede desatender.

FAVAROTTO, Ricardo (Juez de Cámara de Apelación y Garantías)

1. El sistema de flagrancia, al menos aquí, ha sabido conjugar celeridad con garantías; pero hay dos factores que, a mi parecer, han sido fundamentales: 1) consenso de todos (o casi todos) los operadores jurídicos y 2) capacitación previa. Ello explica, además, que en otros distritos judiciales donde no hubo uno, otro o ninguno de los dos, los resultados sean tan disímiles a los verificados en Mar del Plata.
2. Aspectos positivos. La proximidad e inmediación del juez de garantías con las partes y la situación conflictiva que las enfrenta, sin intermediarios ni delegación de funciones, es una caracteríatica importantísima, como lo es, en general, la aplicación de un método de litigación que hace posible instancias típicamente acusatorias en el período de investigación penal preparatoria.
Aspecto negativo. La primer audiencia ante el juez debería celebrarse a las 48 o 72 hs. de la aprehensión (si no antes).
3. Precisamente, el acortamiento en la fijación de la audiencia inicial, máxime teniendo en cuenta que se duplicaron los Juzgados de Garantías desde julio de 2005 (antes eran 3, ahora son 6).

FERNANDEZ GARELLO, Fabián (Fiscal General).

1. Interpreto que el balance es positivo y no se limita a lo exclusivamente procesal, es decir a la posibilidad de articular un proceso con garantías constitucionales. Excede dicho marco, desbordando hacia los operadores del Poder Judicial, en orden a la materialización de principios siempre enunciados, pero con escasa vigencia; concretamente, el cambio cultural alrededor de la oralidad y la inmediación, con su lógica consecuencia en materia de celeridad, es el verdadero pilar de la transformación en la prácticas del Poder Judicial.
2. Lo positivo resulta de difícil enumeración, toda vez que existe una especie de efecto cascada sobre el sistema, siempre en el marco de garantías aconsejable, y agregando a lo expresado en 1):
a) Celeridad en el proceso, de modo tal, de haberse invertido la proporción del estado procesal de las personas privadas de la libertad. Sobre un total de 1100 internos en la UP XV en febrero del cte.año, los 600 alojados de Mar del Plata, tenían un 67% de condenas, en tanto que los 500 alojados del Gran Buenos Aires, registraban sólo un 11% de condenas -firmes y no firmes-.
b) Celeridad en el resto de los procesos, debido al correcto funcionamiento de salidas tempranas en el ámbito de los Juzgados de Garantías.
c) Reestructuración del Ministerio Público Fiscal, en orden a un mejor aprovechamiento de recursos, debido al funcionamiento de la UFI única de Flagrancia.
d) Posibilidad de absorción de otras competencias, sin que se hayan asignado Fiscales para tal tarea -v.g. desfederalización de la ley 23.737-.
En orden a lo negativo, interpreto que no ha existido una razonable continuidad y extensión de la experiencia para explorar la pauta cultural de la oralidad y la inmediación, en orden a problemas serios que posee el Poder Judicial (vg. sistema recursivo ante la Casación).
3. Hay que trabajar para superar el soporte físico del expediente y avanzar hacia el soporte virtual. En este sentido la Procuración ha implementado un sistema informático que, hechos los ajustes del caso, sería de esperar que sea asumido por la jurisdicción a los fines de trabajar en red y evitar el movimiento de papeles y fotocopias.

FERNANDEZ, Sergio (Abogado Particular)

Que en primer término tengo que adelantar que no me encuentro en condiciones de realizar un análisis pormenorizado del sistema de flagrancia en razón de haber ejercido en apenas cuatro o cinco causas bajo dicho procedimiento.
Que sin perjuicio de ello, considero que el sistema es positivo en la búsqueda de soluciones rápidas a causas que por sus particularidades no merecen una exhaustiva investigación, y en donde los hechos se manifiestan en forma clara e inmediata, asegurándose de esta manera una resolución en plazos inimaginables hace poco tiempo atrás.
Como cuestión a aportar (humildemente), es que como consecuencia no querida del sistema, la propia agilidad del procedimiento facilita la pronta llegada de abogados con “contactos” en las fuerzas de seguridad, asumiendo una pronta defensa de una clientela cautiva. No es esta una problemática que se inició con el procedimiento de flagrancia, pero sí, repito, facilitó su evolución.


GOMEZ, Andrea (Agente Fiscal).

1. Mi respuesta está orientada a las modificaciones que se operaron en las rutinas laborales diarias. Fundamentalmente le atribuyo al PPiloto haber provocado un quiebre mental en los operadores para comenzar a instalar un procedimiento acusatorio en serio, desde las prácticas, superando las posturas que lo declaman desde la reforma del ´´98 y que poco o nada había de ello en lo diario. Es el inicio, con todo para mejorar.
2. Aspectos positivos: como relevante instaurar el respeto a los tiempos del otro y para el imputado esto se traduce en plazos razonables de juzgamiento ( no olvidar el norte! es decir que estamos ante la comisión de delitos flagrantes ) que se traducen ni más, ni menos en tiempos de vida real.
a) Como avance, la aplicación concreta de los principios de publicidad de los actos e inmediatez de las partes. Los operadores se ven y dan la cara sobre todo por al imputado quien sólo era anoticiado de las resoluciones judiciales que modificaban su vida por cédulas escritas.
b) La intervención proactiva de los Defensores ha provocado el cambio de criterios en materia de excarcelación; lo cual provoca que el Fiscal debe evaluar y re-evaluar la existencia de un verdadero "peligro procesal" cuando se opone a la consecución de un beneficio o al solicitar una medida de coerción ( ej. pepa ). Es difícil sostener con la cara lo que a veces se escribe con fórmulas sacramentales y/o recorte y pegue de word.
c) A iguales investigaciones ( sin agregar nada ) se mejoró el tiempo insumido en ellas con la siguiente consecuencia: se desalentó la firma de soluciones alternativas ( JA) que no hacían más que convalidar los tiempos de detención de la gente. Ej: si una persona hacía dos años que estaba detenida esperando fecha de juicio, el JA se firmaba partiendo del piso de los 2 años de detención. Esto es notorio en las soluciones procesales aplicadas a lor robos calificados por uso de armas en grado de tentativa.
d) A mi entender se comenzó aplicar penas más acordes y justas a los hechos juzgados ( al dejar el factor tiempo de lado por lo expresado en el punto anterior ). Se han aplicados condenas de días , circunstancia impensada antes del 2005.
e) Incremento de participación de las víctimas en un rol más activo. Comunicación más directa con el Fiscal.
f) Intervención de la Cámara de Apelaciones en la resolución de los recursos de apelación. La presencia del imputado en estos casos, es un progreso. Los Jueces de Cámara ven al imputado en persona ( si esta es su voluntad ) y le comunican su decisión cara a cara, circunstancia antes impensada en la etapa intermedia.
g) No delegación de tareas esenciales y propias de la función de los magistrados en Secretarios, Auxiliares letrados, empleados calificados. Aquí, quien más gana más trabaja!. Exposición de la capacidad e incapacidad de los operadores en las audiencias.

Aspectos negativos:
a) Falta de agilización en la reingeniería del MP, iniciada al final del 2007 y sólo en algunos rubros. Lo cual denota la ausencia de investigaciones complejas.
b) Falta de mejoras y unificación de criterios en la aplicación de políticas alternativas al conflicto penal. ( ej. refuerzo de interpretación en el art. 56 bis o archivo ). Lo cual según mi humilde entender derivaría en una mejor aplicación de los escasos recursos del MP para abordar la problemática criminal.
c) Riesgo de automatización respecto a las practicas de litigación, las cuales deben ser revisadas y mejoradas , a mi entender continuamente. No pensar, y lo que es peor, asumir que la Flagrancia funciona en "Piloto automático".
d) Desgaste de los operadores. En especial los Defensores, ya que tienen un número insuficiente en esta departamental ( vacantes no cubiertas con la urgencia del caso ). Porque si bien los Fiscales tienen ese mismo desgaste, la existencia de una mayor cantidad permite una rotación que oxigena el sistema si de recursos humanos hablamos.
3) Modificaciones:
1) Exigir al MP mayor control de los actos policiales y de las políticas de seguridad instauradas (prevención, operativos, auditorias de comisarías, etc. ). Sustitución del "sumario policial" por actuaciones judiciales. Esto último conlleva a el posicionamiento del MP para exigir la formación de una policía judicial.
2) Extensión del sistema de audiencias orales para el tratamiento de : excarcelaciones, prisiones preventivas, requisitorias en el proceso ordinario.
3) Extensión del sistema de audiencias orales a la etapa de ejecución ( se agilizarían los anacrónicos traslados ).


JULIANO, Mario (Juez Tribunal Oral – Necochea)

1. He vivido el Plan Piloto que comenzó a desarrollarse hace 3 años en Mar del Plata desde la vecindad (vivo en Necochea) y a través de las relaciones que mantengo con muchos de los operadores de esa ciudad. Visto desde esa distancia y con esos conocimientos, considero que el balance que arroja la iniciativa es positivo.
Mar del Plata ha supuesto una punta de lanza en esta materia que abrió una brecha importantísima en el resto de la Provincia, con derivaciones al resto del país y la región, principalmente en lo relativo al cuestionamiento de prácticas hondamente arraigadas en las costumbres de los operadores que conspiran fuertemente con los objetivos de la reforma y del sistema acusatorio.
El Plan Piloto demostró además que era posible implementar prácticas de litigación que permitieran profundizar el acusatorio, haciendo hincapié en dos aspectos centrales: la oralidad y la celeridad.
En resumidas cuentas, a mi modo de ver las cosas, el Plan Piloto ha supuesto una mística que permitió renovar las energías para seguir impulsando el proceso de reforma, que necesita ser profundizado y extendido.

2. Como aspecto positivo destaco que el nuevo sistema generó una inercia muy marcada en contra de las rémoras inquisitivas en las prácticas cotidianas, y principalmente en lo relativo a la desformalización, la inmediación, y como señalé antes, la oralidad y celeridad, lo que incuestionablemente, son valores esenciales del acusatorio.
Por fuera de las virtudes apuntadas, considero que la circunstancia de depositar tantas energías en la denominada flagrancia, ha hecho que lejos de revertir la natural selectividad del sistema, en buena medida la agudizó, siempre en desmedro de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Asimismo, señalo como otro aspecto negativo para el mecanismo mismo, una cierta utilización política del mismo por parte de las autoridades gubernamentales que han pretendido hacer ver a la población que el plan de la flagrancia resultaría una herramienta idónea para combatir la inseguridad, lo cual genera una expectativa imposible de ser atendida y que debe ser debidamente clarificada para evitar frustraciones.

3. No me encuentro en completas condiciones de responder a la pregunta que se formula, ya que desde mi puesto de trabajo (juez de un Tribunal Criminal), no tengo contacto directo e inmediato con el mecanismo destinado a la flagrancia.
Sin embargo coincido con la idea de extender este mecanismo, en lo que a plena oralidad, simplificación, inmediación y celeridad se refiere, al resto de las etapas del proceso, abarcando inclusive aquellos delitos que no corresponden a la flagrancia propiamente dicha.


MADINA, Marcelo (Juez Cámara Apelación y Garantías).

1. El balance es positivo. Lo más destacable fue el procedimiento previo a la implementación por cuanto implicó la generación de consensos entre todos los operadores del sistema judicial, que, como es sabido, es de naturaleza conservadora y jerárquica. Se consiguió trabajar democrática y horizontalmente sin necesidad de esperar reformas judiciales, es decir provocando los cambios desde adentro mismo del sistema. Generó relaciones antes inexistentes entre los distintos sujetos y órganos procesales. Los objetivos se cumplieron a medias. Se incorporó y mantuvo un estándar alto de garantías judiciales en el procedimiento, sin que se haya observado a la fecha un impacto positivo en la investigación de la criminalidad compleja. Para hacer un buen balance es imprescindible discriminar entre las debilidades del sistema atribuibles a los operadores, de aquellas propias del proceso instaurado.

2.1) Aspectos positivos: Disminuyó sensiblemente la delegación judicial. Incorporó la oralidad en las audiencias de la investigación penal preparatoria. Eliminó la existencia de tiempos muertos en el proceso penal ( notificaciones, traslados,etc. ). Permitió la contradicción previa en la decisión de las medidas de coerción. Descongestionó la agenda de los tribunales orales y juzgados correccionales permitiendo la realización de los juicios orales en tiempos razonables.
2.2) Aspectos negativos: Excesiva fijación por el cumplimiento de los tiempos para la realización de las audiencias , resoluciones, etc., por encima de las necesidades propias de la reflexión y análisis detenido. Menor precisión en la argumentación y fundamentación. Se advierten déficit de investigación por la premura de cumplir con los abreviados plazos del proceso regulado en el código. Tornó difusa la jurisprudencia de los distintos órganos judiciales al no contar con registros documentales que permitan conocer las fundamentaciones de los fallos.

3. Modificaciones a la actual implementación: Aspectos organizacionales tales como la gestión de las audiencias otorgando mayor tiempo para la realización de las mismas. Un espacio para que las partes puedan consultar las actuaciones antes de las audiencias. Incorporaría a los abogados particulares en procesos de capacitación. Es imprescindible contar con un mayor número de defensores públicos para poder llevar adelante las audiencias. Establecería un espacio acotado dentro de las audiencias ante el Juez de Garantías para la producción de prueba, en orden a la resolución de cuestiones tales como nulidades, medidas de coerción, etc. Mejoraría aspectos tecnológicos tendientes a la comunicación de las resoluciones en red entre las partes y los distintos estamentos jurisdiccionales.


NICORA, Guillermo (Agente Fiscal)

1. Totalmente positivo. El Plan Piloto significa para la provincia de Buenos Aires subirse (y encabezar en nuestro país) a lo que hoy se conoce como las Reformas de Segunda Generación en el proceso latinoamericano.

2. Entre los muchos aspectos positivos (transparencia, celeridad, etc.) destaco uno que me parece muy especial: el espíritu innovador del que participa la mayoría de los operadores. Esto significa una actitud crítica y alerta frente a la práctica cotidiana, y rompe con el tradicional conservadurismo judicial. Hoy muchos son conscientes que el proceso de cambio es como una bicicleta: avanzando todo marcha bien, si paramos, nos caemos.
Entre lo negativo, deploro el bloqueo casi absoluto al objetivo de mediano plazo contenido en el diseño original del plan: la conformación del pool de jueces y tras ella, la destrucción de la visión feudal de las oficinas judiciales. Hoy esta idea es menos que una utopía, y no sé si alguien se acuerda. Al contrario, casi todos salen a petardear cualquier iniciativa en ese sentido.

3. Prohibiría los acuerdos una vez superada la etapa de garantías, transformaría la audiencia de finalización en audiencia preliminar (fiscal y defensor ofreciendo prueba en esa misma audiencia), y en seis meses transformaría algunos jueces de juicio en jueces de garantía y ejecución. Y por supuesto, prohibiría que los papeles de la IPP ingresen siquiera al órgano de juicio. Elevaría sólo los formularios de la Acordada 2840, y el primer (y único) despacho sería la notificación de la constitución del tribunal y fecha de debate.

PAOLINI, Raúl (Juez de Garantías).

1. El balance que personalmente realizo de estos tres años realmente ha sido altamente positivo, ello se puede decir desde lo estadístico hasta lo funcional. Lo primero decididamente con solo observar la cantidad de procesos terminados en tan poco tiempo, respetando los principios básicos propios de la oralidad (llámese celeridad, inmediación, contradicción y publicidad); mientras que desde el punto de vista funcional ha mejorado la dedicación y tiempo necesario para el estudio de aquellas causas que merecen mayor tiempo de elaboración para sus resoluciones.

2. Como aspectos positivos de este nuevo diseño, se pueden señalar varios: el ahorro de recursos no solo materiales sino humanos a tal fin, y sobre todo el haber dejado de lado la delegación que tanto se propiciaba en el sistema inquisitivo. Nada mas alejado de la realidad para sostener esto último, es que resulta ser el propio Juez, quien delante de las partes e imputado/s resuelve lo puesto a su consideración, explicando detalladamente el significado de cada audiencia, su carácter multiprósito, en tiempos sumamente acotados y netamente en beneficio de ellos, ya que cuentan con la posibilidad, en caso de no llegar a una solución alternativa al conflicto en la instancia de garantías, de acceder rápidamente aun juicio oral y público. Este punto es un dato no menor a tener en cuenta, ya que durante tanto tiempo se ha cuestionado, desde distintos ámbitos, "la lentitud de la justicia" para llevar a cabo los juicios orales. Consecuentemente este sistema ha generado un notable descongestionamiento en los Juzgados Correccionales y Tribunales Orales, y demostrando que ello no es producto de lo que algunos detractores de este sistema han llamado "la macdonalización de la justicia o justicia express" o que dichos procesos devienen como "coactivos para los imputados".
Asimismo no debe perderse de vista que el mismo no se agota en las instancias inferiores sinó que se ha hecho extensivo ante la Cámara de Apelaciones y Garantías por medio de los remedios o vias recursivas utilizadas por las partes.-
Tanto la defensa como el Mnisterio Público Fiscal se han acomodado perfectamente en el rol que a cada uno le cabe. Sumistran la información precisa y necesaria al Juez para la resolución el caso.-
Por otro lado, mas allá de las virtudes indicada entre otras tantas, debemos ser honestos en cuanto a que si bien originariamente este sistema ha sido creado (actualmente mediante ley 13811 e incorporado al CPP) como una herramienta eficaz para paliar el letargo o atraso de la justicia, lo cierto es que desde el ámbito de la instrucción en aquellas causas que tramitan fuera del ámbito de la flagrancia no se han obtenido demasiados logros, los procesos resultan ser tan o demasiado o extensos como antes.-

3. Son pocos los procesos que hoy en día quedan fuera de la flagrancia y no por impedimento legal (escala penal superior a 15 años) sino por cuestiones instructivas del Ministerio Público Fiscal, caso concreto los procesos por violación a la ley de estupefacientes, los que en la mayor parte de los casos no se comprende porque no son declarados en flagrancia.
Por su parte y como ya lo he sostenido reiteradamente y aplicado en algunos casos, es necesario una modificación a ley procesal para ampliar este procedimiento a casos de delitos ordinarios y en los cuales existe conformidad de las partes para imprimir este trámite. Al respecto se ha dado un avance mediante la incorporación del art. 168 bis CPP, pero no debemos conformarnos con ello. Para ello debemos lograr en primer término, que todos los deptos. judiciales de la Pcia. de Bs. As. pongan en prática la ley 13.811 para luego sí avanzar sobre un sistema acusatorio oral mas puro.-

RIQUERT, Fabián (Agente Fiscal)

Positivo, se dejaron de lado mitos (como no firman el acta o como se puede resolver sin papel), en este sentido fue un avance para este tipos de procesos de poca complejidad.
Seria necesario resolver el problema de los defensores, la creación efectiva de la policía judicial, se podrían evitar las audiencias de elevación por simple decreto y también las de sobreseimiento por acuerdo del fiscal y del defensor.
No me parece oportuno que luego de finalizada la investigación se pongan limites tan tajantes de acumulación de causas y acerca de la fecha de los debates lo cual hace que los tribunales fijen audiencias "virtuales", con lo cual me parece que todos estamos detrás de las estadísticas, y creo que hay diferentes formas de interpretarlas y que no puede ser el único criterio.
En la etapa intermedia sino hay acuerdo considero que se podría evitar la audiencia del 338, sobre todo porque por lo general los ofrecimientos de prueba se siguen realizando en forma escrita dado que resulta imposible que uno "se acuerde" o "estudie" la causa para ofrecer prueba.

RIQUERT, Marcelo (Juez Cámara Apelación y Garantías).

1. El balance es positivo. No obstante, hay un claro "amesetamiento" en MDP, donde no se ha avanzado demasiado después del impulso inicial.
2. Como positivo destaco la instalación de una mayor oralidad, un trámite más ágil de las causas, una mayor posibilidad de participación de la defensa que es oída antes de tomar decisiones importantes en el proceso. En cuanto a lo negativo: no se ha logrado una participación de la víctima, en muchos casos no se ha logrado mejorar mucho la calidad de la litigación, no se ha sostenido la capacitación y es necesaria porque hay mucha rotación de gente, que empieza a trabajar sin estar suficientemente preparada.
3. Más que hablar de cambios prácticos en la implementación, me parece que hay que profundizar aspectos colaterales a la flagrancia, particularmente la gestión del MPF que creo que es la gran deuda del sistema: no se ha concretado o por lo menos yo no veo con claridad que la liberación de recursos humanos y materiales para investigación de causas complejas se haya logrado.


SIMAZ, Alexis (Juez de Tribunal Criminal)

1. El mismo es positivo, ya que ha permitido resolver por la vía del juicio oral una buena cantidad de procesos, en un plazo relativamente breve, es decir, en no más de dos meses.
2. Lo positivo es que existe un cambio de mentalidad entre los operadores, que permiten que los procesos funcionen razonablemente, manteniéndose el diseño acusatorio y participativo del debate oral, sin afectarse ninguna garantía. Lo negativo sigue siendo alto el porcentaje de resoluciones alternativas, aún en etapa de juicio, cerca del 80 % de los procesos concluyen por este medio.
3. Me parece importante -como lo hace ahora el art. 3 de la nueva ley 13811-, que se limite la posibilidad de acuerdos hasta la oportunidad prevista en la audiencia multipropósito, aunque la misma sea optativa para las partes. También podría ser mejorable el art. 17 de la mentada ley que regula de modo confuso el plazo para el traslado de prueba, la fijación de la audiencia preliminar o multipropósito, entre otras cuestiones. Sin embargo, me parece que en el fondo la cuestión radica esencialmente en la convicción y la buena fe de los operadores del sistema de flagrancia, ello lo ha hecho funcionar plausiblemente, y su éxito futuro dependerá fundamentalmente de esta cuestión. No nos olvidemos que el "Plan piloto" no nació de ninguna ley, sino de el compromiso conjunto del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y los órganos jurisdiccionales.

TAPIA, Juan Francisco (Juez de Garantías).

1. No creo que el sistema para el juzgamiento de hechos constatados en situación de flagrancia sea bueno o malo en sí mismo. Quiero decir: no es el sistema lo que es bueno o malo intrínsicamente, sino el modo en que los operadores lo aplican. La flagrancia es una herramienta que depende del modo en que se utiliza. Sí me parece preocupante que los mayores recursos humanos y materiales estén destinados al juzgamiento de los hechos más torpes y groseros, porque ello conlleva un riesgo de relajamiento de la esfera judicial para atender los casos seleccionados por las agencias policiales.
2. En principio, existe un consenso general en destacar los valores de la oralidad y publicidad; que la presencia de fiscales, defensores y jueces en las audiencias evita la delegación de funciones, brinda mayor transparencia a la actividad judicial, corre los velos a las burocracias judiciales. Pero ello no nos dice nada en relación a la calidad del trabajo, al nivel de fundamentación de las decisiones que se adoptan ni al grado de respeto a las garantías constitucionales. Por eso, creo que sería recomendable buscar algún mecanismo de control externo al modo que funciona este sistema, para que no seamos los propios operadores quienes juzguemos aquello que hacemos. Sí creo que un aspecto negativo de este mecanismo es que, en la práctica, ha implicado la profundización de un sistema que criminaliza en base a un “estereotipo de delincuente” de fácil identificación y detección. Y en esto, los integrantes del poder judicial debemos ser autocríticos porque hemos contribuido a esta profundización.
3. Básicamente creo que debería dotarse de mayores recursos a la Defensa Oficial. Que debería promoverse una mayor interacción con los colegios de abogados. Que deberían instrumentarse mecanismos de control externo sobre la actividad judicial para que no sólo se apunte a una estadística orientada a la eficiencia sino que se verifique la calidad de lo que se hace, en base a pautas que contemplen los niveles de motivación de las decisiones judiciales y de respeto a los derechos fundamentales de los imputados.


VICENTE, Daniel (Agente Fiscal)

1. Creo que el balance es positivo. Todo avance en la celeridad de los procesos sin mengua de la justicia de la decisión del caso, resulta valioso. Por otra parte, es para preguntarse, por qué razón con tan bajo costo de implementación (sólo una plaqueta grabadora de audio, básicamente), esto no se hubiera hecho antes y, lo más grave, que no se haga en otros ámbitos de la colapsada administración de justicia provincial, en los que un sistema de oralidad perfectamente podría satisfacer una más razonable y eficiente prestación del servicio. Por caso, las causas de menor cuantía civil y comercial o los procesos ejecutivos, los procesos laborales o fiscales, etc.

2. Si debo destacar algunas cuestiones, creo que en lo que hace a aspectos positivos, me parece que es cierto que obliga a los operadores a estar mejor preparados todo el tiempo y evita las chicanas y el escudo protector de las "Remington" (hoy los clones de PC), aunque todavía falta tomar conciencia en ese aspecto. No faltan los empleados de juzgado que antes del inicio de la audiencia se desesperan por saber cuál ha de ser el tenor de la audiencia, sin darse cuenta de que en muchos casos ni siquiera el propio fiscal que presenta el caso sabe qué rumbo ha de tomar la misma.
Y los operadores que leen, pero es una ínfima parte, creo. También resulta positivo la cantidad de casos (generalmente de menor envergadura) que salen del sistema por una solución alternativa en la etapa de garantías, lo que permite descongestionar las agendas de juicio.
Del lado negativo, está sin dudarlo el desinterés de los diseñadores del sistema por dotar al sistema de defensa pública, de la cantidad de operadores necesarios para lograr una defensa eficiente, o por rediseñarlo a partir de ciertas bases que permitan atender las necesidades propias de un sistema presencial con armas semejantes a las que dispone el Ministerio Público Fiscal. Los defensores cumplen muy bien su tarea, pero sobreexigidos y eso a veces puede redundar en una defensa no tan eficiente como la que se esperaría. Por otra parte, se hubiera esperado también una capacitación más fuerte y permanente de los operadores, sobre todo más abierta a todos los magistrados del fuero, para poder formar a los recursos humanos desde el punto de vista de la técnica de litigación que se necesita para que este sistema funcione adecuadamente.

3. Un problema a resolver es el relativo a la notificación de las audiencias a los imputados, que es de la mayor importancia, pues la asistencia del mismo a la audiencia de finalización, si bien no es obligatoria, permite dar solución alternativa al conflicto en esta etapa. Creo que es esencial que esa carga no sea soportada por la defensa. Es deber de los jueces instrumentar la notificación del imputado, para que en
caso de incomparecencia del mismo cada una de las partes del proceso pueda hacer valer sus pretensiones sin presión alguna. Es muy problemático para la defensa tener que venir a la audiencia a explicar el motivo por el cual el imputado no se encuentra en el domicilio fijado al momento de la excarcelación y se pone a esta parte entre la espada y la pared: o se miente para salvaguardar la libertad ya concedida de su defendido; o se dice la verdad, en contra de los intereses del mismo en franca violación a los deberes del defensor. Esta violencia (aunque fuera de conciencia) a la
que se somete a los defensores (oficiales o particulares, da lo mismo en el caso), se resuelve si el Juzgado se hiciera cargo de algo tan elemental como notificar sus decisiones, entre las que se halla la de convocar a las partes a una audiencia.

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Un comentario en “Encuesta. A tres años del Sistema de Juzgamiento de Delitos en Flagrancia.

  1. Julián dijo:

    Quiero hacer llegar mi comentario simplemente para destacar que este sistema de juzgamiento de delitos de flagrancia me parece un gran acierto.
    Nos acerca al intento de solventar una de las grandes carencias actuales de la Justicia, esto es su celeridad. Considero que de esta forma, los operadores jurídicos del sistema penal se verán menos abarrotados de causas de escaza complejidad en cuanto su prueba y pordrán dedicar sustancioso tiempo a la resolución de causas complejas. Muchas veces se oyen como “excusas”, que no se llega a buen puerto en las mencionadas “causas complejas”, por el copioso número de causas en las que cada operador jurídico debe conocer diariamente. Creo que allí debe apuntar este sistema de delitos de flagrancia, ese debe ser el obejtivo indirecto si se quiere, otorgar mayor tiempo para dedicarlo a procesos que de verdad lo requieren.
    Hecho el comentario, dejo mis felicitaciones también a los encargados del blog, por publicar esta valiosa encuesta, que servirá como importante fuente de información para aquellos departamentos judiciales de las distintas provincias que quieran sumarse a las “pruebas piloto” de este sistema. Saludos!

    Julián Borrone – Estudiante de derecho de la UNMDP.

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