“El abandono de las cárceles en Argentina resulta incomparable”

Iñaki Rivera Beiras, director del observatorio de prisiones de la Universidad de Barcelona, analiza el sistema carcelario y la ausencia de mecanismos de prevención por parte del Estado*.
“En Argentina todo el mundo acepta de manera natural que en las cárceles no se respetan los derechos. Todo el mundo sabe que se maltrata. Pero todo sigue igual”, sostuvo Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, durante una entrevista exclusiva concedida a Página/12, en su paso por Buenos Aires. inaki-ribera.jpg
El especialista aseguró que por mucho menos que las 35 muertes de Santiago del Estero, “en España se arma una brutal, con escándalo mediático, renuncias de ministros, comparecencia ante diputados”; subrayó que en Argentina se desconoce cuántas personas hay presas porque las cifras no son confiables; desmenuzó “el negocio de la construcción de cárceles”; dijo que la figura de los jueces de vigilancia penitenciaria (en Argentina, de ejecución penal) terminó siendo “maquillaje” y aseguró que muertes como las del penal de Magdalena o las de Santiago del Estero son responsabilidad absoluta del Estado “por no crear los mecanismos de prevención a los que está obligado por los tratados internacionales”.406055606_241acc47ff_m.jpg

“Los problemas carcelarios en general no son problemas de las cárceles argentinas y no difieren mucho de los que tenemos en España, hacinamiento, maltrato. España tiene el número uno en el índice de presos por habitantes en la Unión Europea, 145 por cada cien mil. Y acá, aunque ni siquiera saben cuántos presos tienen, porque las cifras no son confiables, se habla de 165 o 170 (por cada cien mil). No hay tanta diferencia. Cierto es que no suceden hechos de la brutalidad, obscenidad y gravedad como los que ocurren acá, que entre Magdalenas, Santiagos y demás tienen treinta y pico de muertos cada año.”

–¿Qué pasaría en España?

–Si llegara a pasar algo así la que se arma es brutal. Habría una presencia mediática brutal, comparecencias parlamentarias, obligación de rendición de cuentas de ministros y encargados frente a los diputados que acosarían con preguntas de índole brutal, habría inmediatas destituciones de figuras ministeriales. Aquí me da la sensación de que no pasa nada de eso. En España no suceden las cosas con la gravedad e intensidad con que suceden aquí, pero también hay gravísimos problemas de torturas, de malos tratos.

–No es que no los torturen, sino que no se queman.

–Efectivamente. Pero allá el Estado invirtió mucho dinero en el sistema penitenciario. Y creen que les da derecho a refregarnos que han invertido dinero, cuando es su obligación y no una concesión graciosa. Pero que se invierta hace que la situación en las cárceles sea un poco más limpia. El abandono económico que tiene el servicio penitenciario en Argentina es incomparable. Eso no quiere decir que en España no se les pegue, que no se los torture. Allá hay una percepción diferente. Si acá todos saben lo que pasa y todo sigue igual, allá se niega lo que pasa, la sociedad no puede creer que en la Barcelona olímpica haya situaciones de malos tratos. No me lo creen ni mis propios estudiantes. La situación es terrible en ambos sitios, porque en ambos casos el Estado no se hace cargo de lo que sucede dentro de las cárceles.

–¿Qué sabe la sociedad sobre lo que pasa adentro?

–No sabe nada. La sociedad vive de espaldas al problema, siente que el mundo carcelario le es absolutamente ajeno a su vida social, familiar o laboral, siente que allí viven unos indeseables, miserables, que no tienen nada que ver con su vida de ciudadano honesto. La gente no se da cuenta de lo cerca que estamos todos de esa cárcel, que entre todos colaboramos a construir, a producir esos presos. Como simple opinión de lo que pasa en Argentina, creo que hace años que hay un sentimiento de corrupción generalizada. No es de ahora. Hace años que el policía subía al colectivo y no pagaba. Y cualquiera sabe que las multas se arreglan con coimas. Forma parte de una idiosincrasia social. La sociedad se acostumbró a la impunidad, por lo tanto por qué asombrarse de la cárcel si es el último contenedor. Si esos males ya están en la calle, cómo la cárcel no va a alojar esos males, ¿de qué me tengo que asombrar que sea violenta, degradante y corrupta?

–¿El incendio de Magdalena o de Santiago fueron hechos aislados?

–No. Dentro de una cadena de enfermedades de cáncer, cada tanto hay episodios que afloran de la manera más brutal. La violencia en todas las cárceles es cotidiana, la corrupción, el rencor que uno va tragando cada día es cotidiano, las humillaciones son permanentes, el espacio vital es absolutamente reducido y profundamente degradado, carente del más mínimo respeto en el sentido de que no hay intimidad.

–¿Se construyen cárceles en España?

–Hay unas 83 cárceles distribuidas en 17 comunidades autónomas. La mitad es de unidades muy viejas, de 50 a 100 años, y la otra de unos 30 años, construidas después de la dictadura franquista. En los últimos años no se para de construir. Y en este negocio se apuntan tanto la derecha como la izquierda.

–¿A qué se refiere con negocio?

–No tengo ninguna duda del movimiento de capital que hay detrás, es verdaderamente brutal. Cada unidad penitenciaria que se construye mueve multitud de sectores del mercado. Se empieza con la expropiación de los terrenos. Conflictos vecinales, con los municipios y demás. Se tiene la tendencia perversa de no construir en las ciudades.

–¿Por qué perversa?

–Nos oponemos a la construcción carcelaria radicalmente. Pero si se construyen, que no cometan la hipocresía de levantarlas fuera para que no se vean. No tienen la culpa los familiares de los presos, que tienen que desplazarse 30 kilómetros con toda la industria de transportes para mover a miles de familiares. Tercero, porque se supone que el preso, cuando empiece la progresividad y empiece a salir, tiene que venir a la ciudad donde radica su domicilio, donde se supone que si un día se le da permiso para trabajar, los centros de trabajo no están en medio del campo. Y además tienen que estar en la ciudad porque tienen que ir a los juzgados a declarar, a los hospitales en ambulancias. Entonces, ¿qué es esto de alejarlas?

–Y se construyen en municipios alejados de las ciudades...

–Exacto. Empiezan entonces los conflictos vecinales. Y eso se arregla con dinero. El intendente sabe que por la construcción de la cárcel va a recibir una inyección económica importantísima para el desarrollo del municipio. Después, hay que construir los edificios. Se hacen licitaciones. Habría mucho que investigar de esas licitaciones. Además, lo que la gente desconoce, la cárcel es mucho más que un simple edificio. Hay que dotarla de todos los servicios, de enfermerías, de economatos, de empresas de catering que llevan las comidas, de medios de transporte, de funcionarios de régimen como el carcelero que abre y cierra puertas, o los de tratamiento que en teoría desempeñan las actividades del tratamiento penitenciario. Se han de habilitar locutorios, todo lo necesario para jueces, médicos, familiares. Es una macroindustria. Y poco a poco vamos avanzando hacia la privatización, aunque se emplea el eufemismo de que se hacen convenios con asociaciones sin ánimo de lucro. Nosotros las llamamos “sinónimo de lucro”, que reciben una importantísima cantidad de dinero.

–Con el observatorio, ¿cómo entran en las cárceles para controlar?

–Tenemos un permiso que nos lo han retirado por escrito las autoridades.

–¿Retirado?

–Es todo parte de un tremendo caso que se está viviendo en estos días. Se lo conoce como el caso Brians, una cárcel ubicada a unos veinte kilómetros de Barcelona.

Se trata de un caso, relató Rivera Beiras, en el que se comprobó que al menos veinte presos eran sistemática y salvajemente golpeados. El caso se hizo público en abril pasado y desató un vendaval político que aún está en trámite en la justicia penal. A partir de ese momento, el director de prisiones de Cataluña prohibió el ingreso del observatorio a las cárceles.

–Si hubiesen existido previamente mecanismos de prevención, si la sociedad pudiera tener la facultad de visitar las cárceles por sorpresa, sin previo aviso, para encontrar las cosas tal como son todos los días; para dejarle claro a los presos que no somos del servicio y podamos tener con ellos una relación de confianza; si pudiéramos entrar con médicos, con grabadoras, con máquinas de foto, con filmadoras, que sea un dispositivo capaz de recoger pruebas antes de que se borren y al salir de ahí inmediatamente se puedan presentar ante las autoridades, para que luego no queden en la impunidad, como siempre, por falta de pruebas. Si este tipo de mecanismos existiese, yo no sé si esas 35 personas seguirían con vida, pero seguramente se evitarían multitud de episodios como ése... Si no se crean, entonces sí que hay una enorme responsabilidad de los gobiernos por todas esas muertes.
Rivera Beiras llegó a Buenos Aires invitado a un seminario internacional organizado por la Defensoría General de la Nación, bajo el título “El Buen Trato Penitenciario”. Una semana antes, 35 presos fallecieron en Santiago del Estero, envenenados por el gas que despiden los colchones de poliuretano inflamables. Dos años antes, la misma tragedia pero en la U28 de Magdalena, del Servicio Penitenciario Bonaerense, tuvo una cantidad de muertes semejantes, con la misma causa. Aunque de jurisdicciones diferentes, la imprevisión y la falta de mecanismos de prevención son resortes que responsabilizan al Estado nacional frente a sus responsabilidades internacionales. Una semana después de la visita de Rivera Beiras, un informe de la Procuración Penitenciaria reveló que los presos de la penitenciaría federal están tan acostumbrados a que los golpeen que ya ni se quejan. El informe desató un escándalo sobre quién protege mejor a los presos. Pese a todo, en el SPF siguen manteniendo como jefes a ex procesados por golpear salvajemente a los internos.

* Reportaje de Horacio Cecchi, publicado en Página 12 del 11 de diciembre 2007.

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