“La libertad personal en el sistema interamericano”. Alberto Bovino

Inauguramos la Sección Doctrina con un excelente trabajo del Profesor Alberto Bovino, que nos ha cedido gentilmente para su publicación en la página. Le agradecemos su colaboración con la cátedra.

LA LIBERTAD PERSONAL EN EL SISTEMA INTERAMERICANO

Alberto BOVINO*

“Si no dispone de cárcel propia, lo hará encerrar en el palacio episcopal o en la prisión civil si lo juzga oportuno. Pero siempre conviene más utilizar las cárceles de la curia eclesiástica, pues es el obispo el juez ordinario sin el cual el inquisidor no puede condenar definitivamente por herejía, ni recurrir a la cuestión, es decir, a la tortura.
Una vez encarcelado el acusado, el inquisidor le interrogará y le examinará con gran frecuencia sobre lo que niega y que o está probado o es muy probable. El inquisidor insistirá de ese modo hasta que el acusado llegue a confesar alguna otra cosa…”.
Nicolau EIMERIC, El manual de los inquisidores.

“Frente a sistemas sociales sin garantías jurídicas, frente a órdenes políticos tiránicos regidos por la arbitrariedad y la práctica de las torturas, el sistema penal democrático supuso un cambio cualitativo puesto que adecua racionalmente el castigo a la gravedad de los delitos y mide esos en relación a unas leyes emanadas de la voluntad general. Se podría objetar que sin embargo el espacio cerrado de las cárceles presenta demasiadas similitudes con las viejas bastillas destruidas en nombre de la libertad…”
Fernando ÁLVAREZ URÍA, Sociologías de la cárcel.

I. Introducción

A. Objetivo del Trabajo
Si bien la protección de la libertad personal excede ampliamente el ámbito del derecho penal, en este trabajo analizaremos las reglas previstas en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la “Convención Americana”, la “Convención”, o la “CADH”) con especial atención a las que se vinculan con la administración de justicia penal.
La Convención tiene diversas normas vinculadas al derecho penal en sentido amplio. Así, por ejemplo, las limitaciones a la pena de muerte previstas en su artículo 4, las diferentes restricciones respecto de condenados y procesados previstas en los artículos 5 y 6, etcétera.
Sin embargo, resulta indiscutible que, debido al peligro que la persecución penal representa respecto a la libertad personal, son las reglas del artículo 7 las que abarcan un conjunto amplio de garantías y mecanismos de protección para toda persona que por cualquier motivo sufra una restricción o limitación de su libertad ambulatoria.
A pesar de ello, los órganos del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos —y los peticionarios— no han aprovechado todas las posibilidades del texto convencional. Varias razones podrían explicar de manera plausible la persistencia de prácticas muy poco orientadas a la protección generalizada de la libertad personal por parte de los órganos del sistema regional.
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“Garantías”. Luigi Ferrajoli

1. GARANTIAS Y GARANTISMO

«Garantía» es una expresión del léxico jurídico con la que se designa cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo. El sentido originario del término es, sin embargo, más restringido. Por garantía se entiende, en el lenguaje de los civilistas, un tipo de instituto, derivado del derecho romano1, dirigido a asegurar el cumplimiento de las obligaciones y la tutela de los correspondientes derechos patrimoniales2. Justamente en relación con estos derechos, se distinguen dos clases de garantías: las garantías reales, como son la prenda o la hipoteca, mediante las cuales el deudor pone a disposición del acreedor un bien -mueble, en el primer caso; inmueble, en el segundo- con el que resarcirse en caso de incumplimiento; y las garantías personales, como la fianza y el aval, a través de las cuales un tercero se obliga, en caso de incumplimiento de la obligación, a satisfacerla en el lugar del deudor.
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La ampliación del significado del término «garantías» y la introducción del neologismo «garantismo» para referirse a las técnicas de tutela de los derechos fundamentales3 son, en cambio, relativamente recientes. Entiendo
por «derechos fundamentales» -en oposición a los «derechos patrimoniales», como la propiedad y el crédito, que son derechos singulares, que adquiere cada individuo con exclusión de los demás- aquellos derechos universales y, por ello, indisponibles e inalienables, que resultan atribuidos directamente por las normas jurídicas a todos en cuanto personas, ciudadanos o capaces de obrar4: ya se trate de derechos negativos, como los derechos de libertad a los que corresponden prohibiciones de lesionar; o de derechos positivos, como los derechos sociales, a los que corresponden obligaciones de prestación por parte de los poderes públicos.
Esta ampliación del significado de «garantías» se ha producido en el terreno del derecho penal. Más concretamente, la expresión «garantismo», en su sentido estricto de «garantismo penal», surgió, en la cultura jurídica italiana de izquierda en la segunda mitad de los años setenta como respuesta teórica a la legislación y a la jurisdicción de emergencia que, por aquel entonces, redujeron de diferentes formas el ya de por sí débil sistema de garantías procesales. En este sentido, el garantismo aparece asociado a la tradición clásica del pensamiento penal liberal. Y se relaciona con la exigencia, típica de la ilustración jurídica, de la tutela del derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personales, frente a ese «terrible poder» que es el poder punitivo, en expresión de Montesquieu5. Seguir leyendo

CIDH. Caso Bulacio

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003
(Fondo, Reparaciones y Costas)

I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

1. El 24 de enero de 2001, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda contra la República Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”) que se originó en la denuncia No. 11.752, recibida en la Secretaría de la Comisión el 13 de mayo de 1997.

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2. En razón de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declarara la violación en perjuicio de Walter David Bulacio de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 19 (Derechos del Niño), así como los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) en detrimento de aquél y sus familiares, todos ellos en relación con el artículo 1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana. Igualmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado adoptar diversas reparaciones pecuniarias y no pecuniarias (infra 82, 92, 107 y 147). Seguir leyendo

CIDH. Gangaram Panday

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Sentencia de 21 de enero de 1994
(Fondo, Reparaciones y Costas)

I
1. Este caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”) por la Comisión el 27 de agosto de 1990. Se originó en una denuncia (Nº 10.274) contra Suriname presentada ante la Comisión el 17 de diciembre de 1988.
2. Al presentar el caso, la Comisión invocó los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 50 de su Reglamento. La Comisión sometió este caso contra Suriname en perjuicio del señor Choeramoenipersad Gangaram Panday (conocido también como Asok Gangaram Panday) por violación de los artículos 1 (Obligación de respetar los derechos), 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 4.1 (Derecho a la vida), 5.1 y 2 (Derecho a la integridad personal), 7.1, 2 y 3 (Derecho a la libertad personal) y 25.1 y 2 (Protección judicial) de la Convención y solicitó que la Corte “decida sobre este caso conforme a las disposiciones de la Convención, que determine la responsabilidad por la violación señalada y que otorgue una justa compensación a los familiares de la víctima”. Designó como sus delegados para que la representen en este caso a Oliver H. Jackman, miembro; Edith Márquez Rodríguez, Secretaria ejecutiva y David J. Padilla, Secretario ejecutivo adjunto.
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3. La denuncia de 17 de diciembre de 1988, presentada ante la Comisión, se refiere a la detención y posterior muerte del señor Asok Gangaram Panday en Suriname. Dicha denuncia fue hecha por el señor Leo Gangaram Panday, hermano del muerto, en los términos que a continuación resume la Corte: Seguir leyendo

Reportaje a Alberto Binder

ALBERTO BINDER, jurista argentino: “Hay que evitar una sociedad violenta y autoritaria”

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El jurista argentino Alberto Binder, quien ha hecho un seguimiento de los sistemas de administración de justicia, especialmente en materia penal, de Latinoamérica, señala en entrevista concedida en exclusiva a La Semana Jurídica, se refiere a cómo, según su perspectiva se desenvuelven los distintos actores e instituciones de los sistemas procesales penales. Asimismo, se refiere a la necesaria reforma de la legislación sustantiva criminal. Seguir leyendo

Fallo Casal (CSJN) – Control de los hechos en casación

S u p r e m a C o r t e:

-I-
El 7 de noviembre de 2003 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de esta ciudad condenó a Matías Eugenio Casal a la pena de 5 años de prisión y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma (artículos 29, inciso 3, 45 y 166 inciso 2 Código Penal)). El tribunal dispuso además que Casal recibiera tratamiento de rehabilitación por su adicción a las drogas. Seguir leyendo