“La detención policial en el ámbito de la Corte Suprema”. Marcelo Madina

LOS REQUISITOS PARA LA DETENCION EN DOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El presente trabajo tiene por objeto analizar dos resoluciones del más alto tribunal nacional relativas a la aprehensión de los ciudadanos por parte de los funcionarios policiales.
Si bien dichos precedentes trasuntan otras cuestiones vinculadas al procedimiento penal, la intención del presente se circunscribe a la privación de libertad, ya que resulta de innegable interés para la administración de justicia bonaerense a la luz de la reciente reforma procesal. Así, se limita el actuar policial depositando la facultad de disponer la detención en el Juez de Garantías casi exclusivamente.Cabe aclarar que el principal objetivo de este trabajo es acercar las resoluciones judiciales –con mención de dónde pueden ser consultadas– y efectuar comentarios que no pretenden agotar el tema.<cara.jpg
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Los antecedentes
El primero de ellos es el caso conocido como “Daray” –aunque el imputado se apellida Garbin– y ha sido publicado en su totalidad, con comentarios del Dr. Alejandro Carrió, en el Suplemento de Jurisprudencia Penal de la “La Ley”(año 1995).
Los considerandos más relevantes son los siguientes:
“La detención de un ciudadano sin que exista flagrancia o indicios de que sea responsable de delito alguno hace nulo el procedimiento y lo actuado en su consecuencia.
“Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento si se ha violado el art. 18 de la Constitución Nacional, según el cual la detención de los habitantes de la Nación requiere la existencia de una orden de autoridad competente.
“Las disposiciones que facultan a la Policía Federal a detener personas con fines de identificación no pueden ser utilizadas para legitimar arrestos cumplidos fuera de los casos indicados por la ley.
“Si bien no hay ninguna inmunidad general de origen constitucional para ser sometido a proceso y a las medidas de coerción que éste implica, su ejercicio no puede estar librado a la arbitrariedad, y tratándose de quien todavía goza del estado de inocencia, toda medida restrictiva de libertad debe ajustarse a lo que dispone la ley (del voto de los doctores Nazareno, Moliné O’Connor y Levene).
“Es ilícita la detención de quien no fue visto cometer delito alguno por el personal policial, ni surge indicio alguno que razonablemente pudiera sustentar la sospecha de su vinculación con la comisión de un delito (también del voto de los doctores Nazareno, Moliné O’Connor y Levene).
“La disposición normativa que autoriza a la detención de personas con fines de identificación personal, no constituye una autorización en blanco para detener a ciudadanos según el antojo de las autoridades policiales.”
El otro caso tiene como imputado a Fernández Prieto, y puede ser consultado en su totalidad –con comentario de Augusto Mario Morello– en el Suplemento de Jurisprudencia Penal de “La Ley” (26 de marzo de 1999). El resumen siguiente concentra sus aspectos más relevantes:
“El art. 4º del Cód. de Procd. Penal en materia penal es la norma que reglamenta el art. 18 de la Constitución Nacional, al establecer el deber de los agentes policiales de detener a las personas que sorprendan en flagrante delito y a aquéllas contra quienes haya indicios vehementes o semiplena prueba de culpabilidad, debiendo ponerlos a disposición del juez competente.
“Es necesario diferenciar la inspección de una casa, de un negocio, etc., respecto de los cuales la orden judicial puede ser rápidamente obtenida y la requisa de un vehículo, barco o tren, a cuyo respecto no es factible obtenerla porque el rodado puede ser prontamente sacado de la jurisdicción o localidad en la que aquélla debe ser obtenida. La legalidad de la requisa depende de que el oficial actuante tenga razonable o probable causa para creer que el transporte detenido lleva mercadería proveniente de un hecho ilícito.
“Cuando la detención se realizó por parte de la prevención policial, las garantías constitucionales en juego se resguardan mediante la regularidad del procedimiento cumplido, según el examen de todas las circunstancias del caso y la comunicación inmediata al juez.
“La actitud sospechosa de tres sujetos en un automóvil que se desplazaba por la vía pública, en manera alguna puede equipararse a las claras circunstancias –caso de flagrancia e indicios vehementes o semiplena prueba de culpabilidad– establecidas por la ley procesal, por lo cual resulta ilegítima la detención (del voto en disidencia del doctor Fayt).
“Los jueces están obligados a examinar las razones y antecedentes que motivan el pedido de las autoridades administrativas y no se encuentran facultades para ordenar medidas coercitivas sin expresar sus fundamentos; ello supone que los funcionarios que han de ser controlados especifiquen su actuación de tal forma que dicho control pueda ser efectivamente ejercido (del voto en disidencia del doctor Petracchi).
“El recurso a una fórmula estereotipada como la ‘actitud sospechosa’ no satisface la exigencia de la debida fundamentación de los actos estatales (del voto en disidencia del doctor Petracchi).
“La inexistencia de fundamentos para proceder en el modo cuestionado no puede legitimarse por el resultado obtenido –hallazgo de estupefacientes– pues las razones justificantes del proceder policial deben existir en el momento en que se lleva a cabo y no posteriormente (del voto en disidencia del doctor Bossert)”.

Los fundamentos
Como se advierte, el segundo de los fallos analizados parece provocar un cambio en la jurisprudencia elaborada en el caso “Daray”, por el cual los funcionarios preventores sólo estaban habilitados para proceder a la aprehensión en caso de existir indicios concretos de criminalidad, lo que podría traducirse en situaciones cercanas a la flagrancia. El sujeto debía ser vinculado a la comisión de un delito en concreto, a partir de circunstancias objetivables y verificables en el instrumento que documentaba el arresto o que figuraran con anterioridad en la causa.
El fallo “Fernandez Prieto” descarta esta vinculación a un delito en concreto para habilitar a los funcionarios policiales a aprehender “ante la actitud sospechosa” de las personas que sufren la detención. Este estándar, de por sí vago e impreciso, no solamente es de imposible control judicial por la subjetividad de la que parte sino que es contrario al texto de la Constitución.
Para llegar a tal conclusión, los jueces que conforman la mayoría parten de una distinción irrelevante a la hora de verificar la preservación de las garantías constitucionales: diferenciar por un lado el arresto de los ciudadanos para el cual se mantendría la exigencia de los indicios de culpabilidad y, por el otro, el registro de un automotor en el que, en base a las particularidades que presenta su facilidad de circulación, razones de urgencia eximen de recabar la orden judicial y quedaría al arbitrio de la discreción policial.
Se pretende diferenciar ambos fallos sobre esta base y aquí se advierte la primera contradicción intrínseca del voto concurrente, ya que no se puede imaginar que el registro de un automotor se lleve a cabo sin privar de libertad a sus ocupantes, y por lo tanto, debe observarse a través del prisma de los derechos que rodean la privación de libertad.
Al registro del automotor se llegó a partir de advertir “la presencia de tres personas en actitud sospechosa que viajaban en su interior”. Más allá que no se describiera cuál era la actitud que desplegaban los individuos -transformándola por lo tanto en una mera afirmación dogmática- la detención se produjo por la “actitud” de los ocupantes del rodado. Luego se procedió a registrar el vehículo y por lo tanto, insisto, su inspección debe realizarse desde la óptica de las garantías constitucionales que protegen la libertad ambulatoria y no de aquéllas que preservan la intimidad.
Pero aun admitiendo que se podría haber detenido la marcha del rodado -en las circunstancias antes dichas- la misma resultó arbitraria y selectiva, ya que no se produjo en el marco de un procedimiento general en donde se registraban todos los vehículos de alquiler ante la denuncia de robos sucesivos, sino que se eligió a uno y se lo inspeccionó.
Como bien se señala en el voto de la minoría (dres. Petracchi, Bossert y Fayt ), nunca puede convalidarse un acto inicialmente nulo por el resultado que arroja (párrafos 15 y 16 de la mayoría).

CONTRAPUNTOS PARTICULARES

El fallo en cuestión presenta una profusión de precedentes principalmente norteamericanos, pero lo interesante es que son utilizados tanto por el voto concurrente de la mayoría como por las disidencias, especialmente en los pronunciamientos de los dres. Petracchi y Bossert.
Como no puede aceptarse que sirvan para fundar dos votos contrarios, nos inclinamos por pensar que en la posición de la mayoría, que justifica el procedimiento policial, fueron expuestos fragmentariamente. Para ello es útil efectuar una comparación de los mismos:
a) VOTO DE LA MAYORIA
Caso “Terry vs. Ohio” , 392, U.S. 1 (1968) parágrafo 9. Su resumen: Por su aplicación se llegaría a la conclusión que el personal policial que intercepta a un sujeto y que cree razonablemente que puede estar armado, tiene facultad de arresto y requisa para preservar su integridad física y de los terceros, sin la necesidad de existencia previa y documentada de “causa probable” de criminalidad.
b) VOTO DEL DR. PETRACCHI parágrafo 8; VOTO DEL DR. BOSSERT: parágrafro 14. Caso “Terry vs. Ohio”, 392, U.S. 1, (1968). Su resumen: La utilización de esta regla (Stop and Fisk) no exime de la necesidad de fundamentación como presupuesto para posibilitar el control judicial. Debe interpretarse juntamente con la denominada “exigencia de especificidad de la información” y reconoce como límite, por un lado, la clara demostración del peligro inminente hacia la seguridad física del policial, y por otro que la conducta del policía puede estar sujeta al escrutinio aislado y neutro de un juez, ya que una exigencia menor podría invadir derechos constitucionales y se basaría en corazonadas no particularizadas.
c) VOTO DE LA MAYORIA parágrafo 14, “United States v. Cortez”, 449 U.S. 411 (1981). Su resumen: Para determinar si existe “causa probable” o “sospecha razonable” para inspecciones y requisas se debe considerar la totalidad de las circunstancias (The Whole Picture) y en el caso permitía justificar el procedimiento por el éxito que arrojara (secuestro de sustancias prohibidas ).
d) VOTO DE LOS DRES PETRACCHI Y BOSSERT parágrafos 8 y 15 respectivamente. “United States v. Cortez”, U.S. 411 (1981). Su resumen: Existe una gran distancia entre decir que la visión total de las circunstancias puede legitimar una sospecha meramente subjetiva y sin fundamento de los policías, respecto del criterio de la “Corte Americana” que requiere la existencia de datos objetivos que justifiquen la detención. Nunca puede considerarse exagerada la exigencia en que se expresen las razones que apoyan una conclusión si como consecuencia de ella ha de producirse una fuerte injerencia en los derechos del individuo.

LA OPINION DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La publicación “Nueva Doctrina Penal” recientemente dio a conocer (1998 B, pág. 631, con comentarios del doctor Bovino) lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Suárez Rosero”.
En dicho caso resolvió que nadie pude ser privado de su libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). Omitió tratar los aspectos materiales por considerar que la detención era arbitraria por incumplimiento de las exigencias formales.
Entendió que, según la Constitución Ecuatoriana, las personas sólo pueden ser detenidas en virtud de orden escrita de autoridad competente –salvo delito flagrante– y al no haberse demostrado la existencia de flagrancia –como en el caso Fernández Prieto– la detención debió haber derivado de una orden emitida por una autoridad judicial competente.
Es muy interesante lo señalado al respecto por Bovino, en cuanto nuestra Constitución no contiene la excepción de flagrancia que viene dada por la norma procesal, por lo que a falta de orden de autoridad judicial competente (art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) la detención es, “en principio, ilegítima, a menos que se trate de verdaderos supuestos de urgencia, definidos de manera estricta, y de aplicación efectivamente excepcional, y que estén previstos por la ley en sentido formal, (…) siendo función de los tribunales el deber de aplicar las reglas legales respectivas de la manera más limitada posible”.

CONCLUSION

De la lectura de los fallos analizados y de los breves comentarios expuestos supra cabe concluir que en orden a la aprehensión de los particulares por parte de los funcionarios preventores, cabe mencionar que sigue vigente lo sentado in re “Daray”, habida cuenta de que en “Fernandez Prieto” se utilizaron argumentos para justificar el registro inicial del vehículo y por lo tanto es posible apartarse de lo que sentara en materia de detenciones policiales, con base en la exposición de argumentos que no fueron tratados por el voto mayoritario.
A su vez, no es dato menor señalar que en el caso “Daray” que aquí se reivindica, el Dr. Bossert votó en disidencia por razones derivadas de la aplicación de la regla de exclusión, pero en “Fernández Prieto” –abordando la temática específica de la detención policial– viene a sumar argumentos definitivos que pueden integrar de manera perfecta el fallo citado en primer término.

* El presente trabajo fue publicado en la Revista “Garantías” (nro. 1, julio 1999) de la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

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