“Medidas cautelares”

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“La inconstitucionalidad del procedimiento de consulta”. Roberto A. Falcone

La inconstitucionalidad del procedimiento de consulta previsto en el art. 348 2da parte del C.P.P.N. cuando existe desacuerdo entre el acusador público que pide el sobreseimiento y la intervención de la cámara de apelaciones que termina involucrándose en el ejercicio de la acción penal”. “El fallo Quiroga de la C.S.J.N.”.

a) El derecho a un juez imparcial.
Durante el imperio del sistema inquisitivo el juez lamentablemente guiaba al mismo tiempo la investigación y juzgaba, con lo que se potenciaba enormemente el peligro de ser parcial; el que había reunido las pruebas sólo raras veces estaba en condiciones de apreciar el resultado en forma imparcial[1]. Es que como señala Eberhard Schmidt “solo un juez dotado de una capacidad sobre humanas podría sustraerse en su actividad decisoria a los influjos subjetivos de su propia actividad agresiva e investigatoria[2].Por lo precedentemente expuesto hoy está fuera de discusión que no pueden ejercerse por un mismo órgano las funciones de investigación en la fase preliminar y de enjuiciamiento en el juicio, por cuanto ello supondría el riesgo de que la decisión se pronunciara por un juez carente de imparcialidad.
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“La detención policial en el ámbito de la Corte Suprema”. Marcelo Madina

LOS REQUISITOS PARA LA DETENCION EN DOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El presente trabajo tiene por objeto analizar dos resoluciones del más alto tribunal nacional relativas a la aprehensión de los ciudadanos por parte de los funcionarios policiales.
Si bien dichos precedentes trasuntan otras cuestiones vinculadas al procedimiento penal, la intención del presente se circunscribe a la privación de libertad, ya que resulta de innegable interés para la administración de justicia bonaerense a la luz de la reciente reforma procesal. Así, se limita el actuar policial depositando la facultad de disponer la detención en el Juez de Garantías casi exclusivamente.Cabe aclarar que el principal objetivo de este trabajo es acercar las resoluciones judiciales –con mención de dónde pueden ser consultadas– y efectuar comentarios que no pretenden agotar el tema.<cara.jpg
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“La libertad personal en el sistema interamericano”. Alberto Bovino

Inauguramos la Sección Doctrina con un excelente trabajo del Profesor Alberto Bovino, que nos ha cedido gentilmente para su publicación en la página. Le agradecemos su colaboración con la cátedra.

LA LIBERTAD PERSONAL EN EL SISTEMA INTERAMERICANO

Alberto BOVINO*

“Si no dispone de cárcel propia, lo hará encerrar en el palacio episcopal o en la prisión civil si lo juzga oportuno. Pero siempre conviene más utilizar las cárceles de la curia eclesiástica, pues es el obispo el juez ordinario sin el cual el inquisidor no puede condenar definitivamente por herejía, ni recurrir a la cuestión, es decir, a la tortura.
Una vez encarcelado el acusado, el inquisidor le interrogará y le examinará con gran frecuencia sobre lo que niega y que o está probado o es muy probable. El inquisidor insistirá de ese modo hasta que el acusado llegue a confesar alguna otra cosa…”.
Nicolau EIMERIC, El manual de los inquisidores.

“Frente a sistemas sociales sin garantías jurídicas, frente a órdenes políticos tiránicos regidos por la arbitrariedad y la práctica de las torturas, el sistema penal democrático supuso un cambio cualitativo puesto que adecua racionalmente el castigo a la gravedad de los delitos y mide esos en relación a unas leyes emanadas de la voluntad general. Se podría objetar que sin embargo el espacio cerrado de las cárceles presenta demasiadas similitudes con las viejas bastillas destruidas en nombre de la libertad…”
Fernando ÁLVAREZ URÍA, Sociologías de la cárcel.

I. Introducción

A. Objetivo del Trabajo
Si bien la protección de la libertad personal excede ampliamente el ámbito del derecho penal, en este trabajo analizaremos las reglas previstas en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la “Convención Americana”, la “Convención”, o la “CADH”) con especial atención a las que se vinculan con la administración de justicia penal.
La Convención tiene diversas normas vinculadas al derecho penal en sentido amplio. Así, por ejemplo, las limitaciones a la pena de muerte previstas en su artículo 4, las diferentes restricciones respecto de condenados y procesados previstas en los artículos 5 y 6, etcétera.
Sin embargo, resulta indiscutible que, debido al peligro que la persecución penal representa respecto a la libertad personal, son las reglas del artículo 7 las que abarcan un conjunto amplio de garantías y mecanismos de protección para toda persona que por cualquier motivo sufra una restricción o limitación de su libertad ambulatoria.
A pesar de ello, los órganos del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos —y los peticionarios— no han aprovechado todas las posibilidades del texto convencional. Varias razones podrían explicar de manera plausible la persistencia de prácticas muy poco orientadas a la protección generalizada de la libertad personal por parte de los órganos del sistema regional.
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