Agente Encubierto. Fiscal vs. Fernández

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“Fiscal c/ Fernández, Víctor Hugo s/ av. infracción ley 20.771′ – CSJN – 11/12/1990

Suprema Corte:
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, revocó a fs. 962/ 978 el fallo de primera instancia por el cual se condenó a Eduardo Ricardo Rivas Graña por considerarlo autor criminalmente responsable de los delitos contemplados en el art. 2”. inc. e)), de la ley 20.771 en concurso ideal con el del inc. c) en grado de tentativa: en concurso real con el del mismo articulo, inc. c). ambos con el agravante del art. 8. inc. c). siempre de aquella ley.

-I-

El decisorio de tribunal de alzada tuvo en cuenta, para absolver a Rivas Graña, que la diligencia policial merced a la cual se logró secuestrar nueve kilogramos de cocaína en la ciudad de Mendoza, estaría viciada de nulidad por carecer el funcionario actuante de orden de allanamiento y ocultar su calidad de tal al ingresar al domicilio de Rivas Graña acompañado del detenido incomunicado, Víctor Hugo Fernández. De allí, concluyó el a quo, se habría conculcado la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional, motivo por el cual anuló la consecuencia inmediata de esa supuesta violación domiciliaria, cual es el secuestro de la cocaína antes indicada.-
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Francomano

F 477 XIX – “Francomano, Alberto José y otros s/inf. Ley 20840” – CSJN – 19/11/1987
Opinión del Procurador General de la Nación.//-
Motivó la queja interpuesta por el defensor la denegatoria del recurso extraordinario que dedujera contra la sentencia de la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Capital, por la que se condenara a una de sus asistidas a 7 años de prisión, accesorias legales y costas, en calidad de autora responsable de los delitos de asociación ilícita calificada, propaganda y suministro de información subversiva, en concurso real y a 3 años de prisión y costas, por el delito de tenencia de material subversivo impreso, a la otra.
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I. En sostén de la apelación extraordinaria, expresó el recurrente que la falta de coherencia lógica del fallo, su apartamiento de las constancias del proceso, la acreditación de hechos y circunstancias sobre la base de afirmaciones dogmáticas y la omisión de considerar agravios sustanciales, hacen pasible a dicha pieza procesal de la tacha de arbitrariedad, por violentar el derecho de defensa y la garantía del debido proceso (art. 18, Constitución Nacional)).-
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Ruiz

R. 524. XX. – ‘Ruiz Roque A. s/hurtos reiterados’ – CSJN – 17/09/1987

Suprema Corte:

La Cámara Nacional de apelaciones en lo criminal y correccional, por su sala VIa., confirmó la sentencia que condenó al acusado a la pena de siente años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de robo calificado por haberse cometido con armas, en lugar poblado y en banda, la que fue unificada con una condena anterior de nueve años de dicha especie de pena, accesorias y costas.
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Contra ese pronunciamiento interpuso recurso extraordinario el defensor oficial del procesado, el que fe concedido.-
Los magistrados sentenciantes que hicieron mayoría en el acuerdo en que el fallo fue dictado sostuvieron que los presuntos apremios ilegales sufridos pro el justiciable determinaban la invalidación de la declaración extrajudicial obtenida mediante el empleo de aquellos, mas no () las demás pruebas labradas en sede policial preventora.
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Rayford

RAYFORD, REGINALD R. Y OTROS S/ TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES (ART. 6°, LEY 20771)) – CSJN – 13/05/1986
Buenos Aires, mayo 13 de 1986.//-
Considerando:
1) Que en la madrugada del día 4 de febrero de 1982 se constituyó una comisión policial en el cruce de las calles Florida y Viamonte de esta Capital Federal, con el objeto de investigar la actividad de una persona de origen extranjero que, según informaciones confidenciales, se dedicaría en esa zona a la consumición y distribución de “picadura de marihuana”. A las 4.45 se individualizó a Reginald R. Rayford, de nacionalidad estadounidense, en tránsito en el país domiciliado en Florida 878, 6° piso, dpto. 21, quien refirió consumir marihuana y poseer esa sustancia en su domicilio. Allí concurrieron de inmediato los policías -que al efecto recabaron la presencia de un testigo-, y ante la falta de reparo por parte de Rayford se procedió a la inspección de la morada, secuestrándose de un portafolios una envoltura de papel conteniendo dicho estupefaciente.
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Durante el traslado a la comisaría, el detenido entregó una tarjeta personal de A. E. B., quien sería el que le suministró la marihuana. A las 9.45, el menor B. fue detenido en la casa de sus padres y sus manifestaciones condujeron a la detención de A. M. L. S., también menor de edad.-
Rayford relató que se hallaba circunstancialmente en el país por pertenecer a una compañía extranjera de espectáculos, y que conoció casualmente a B., con quien trabó cierta relación que los llevó a convenir la compra de marihuana para consumo personal, que sería provista por el nombrado, entregando Rayford el dinero. Reconoció que la sustancia secuestrada era el sobrante de la que le llevó B. A su vez, éste admitió haber adquirido la marihuana con el dinero de Rayford, para lo que solicitó la colaboración de L. S., quien le presentó a un proveedor a fin de comprar el estupefaciente, que luego fumó en parte con Rayford en su departamento, quedándose éste con el resto. Por último, L. S. aceptó haber intervenido en el acercamiento de B. con el proveedor.
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Montenegro

“Montenegro, Luis B.” – CSJN – 10/12/1981
Opinión del Procurador General de la Nación.//-
Noviembre 12 de 1981
1. – La defensa del condenado interpuso recurso extraordinario contra el fallo que consideró a su defendido autor del delito de robo con armas. Sostiene que lo resuelto transgredió el principio contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional en cuanto manda que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y con ello la inviolabilidad de la defensa en juicio.-
Funda su presentación en que, según las constancias obrantes en la causa, el imputado habría sido víctima de apremios ilegales lo que invalida a la declaración en sede policial en la que confiesa el ilícito.-
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Agrega que pese a ello la alzada consideró que la declaración aun en esas condiciones constituía una grave presunción contra el acusado.-
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Charles Hermanos

“CHARLES HNOS.” – CSJN – 06/09/1891
VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL

Suprema Corte

‘Los documentos” que se presenten durante la instrucción, o que de cualquier manera deban obrar en el proceso, se agregarán a éste previa notificación de las parte’, dispone el art. 348 del Código de Proc. en lo Criminal.//-
De esta disposición legal parece desprenderse, sin dificultad, que esa agregación debe mantenerse, hasta tanto la sentencia definitiva aprecie debidamente la admisibilidad o inadmisibilidad y el valor probatorio que tengan los documentos agregados.-
Si la excepción ‘sine actione agis’ me pareció extemporánea en el sentido de que fuera resuelta en forma de artículo previo, pienso lo mismo, en presencia de la disposición legal que dejo transcripta, respecto del desglose solicitado fs. 359″.-

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