“Consideraciones sobre el plan para el fortalecimiento del sistema acusatorio en el proceso penal de la provincia de Buenos Aires”. Alfredo Deleonardis y Gustavo Fissore*

EXPERIENCIA PILOTO EN EL DPTO. JUDICIAL DE MAR DEL PLATA PARA PROCESOS POR DELITOS EN FLAGRANCIA-

I.- Líneas Generales del Plan

El Plan Piloto para el fortalecimiento del sistema acusatorio en el proceso penal de la Pcia. de Buenos Aires, que se aplica desde el pasado 4 de julio en el Dpto. Judicial de Mar del Plata y que se extenderá –en principio- por espacio de seis meses, es resultado de un Convenio suscripto por la Procuración General de la SCBA, el Ministerio de Justicia provincial, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) -organización vinculada a la OEA- , y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP) , instituciones estas que brindan apoyo técnico al proyecto. 1861699569_abe62af6d9.jpg

El Convenio tiene como objetivo profundizar los beneficios del sistema acusatorio implementado en la pcia. de Buenos Aires en el año 1998, dentro del marco de la legislación procesal vigente y valiéndose de los mismos recursos humanos, materiales y económicos con los que cuentan actualmente las instituciones de la justicia provincial, buscando optimizar el modelo de gestión de estos recursos a fin de mejorar la capacidad de respuesta del sistema penal a los conflictos de los ciudadanos. Se ha tomado como referencia la experiencia desarrollada en la república de Chile, luego que este país rediseñara por completo su sistema de administración de justicia penal a partir del año 2000.
Como objetivo inmediato, se acordó introducir un nuevo modelo de tramitación para la resolución de los casos de flagrancia, que incluye la realización durante la etapa preparatoria de audiencias en las que se oralizan diversas incidencias que hasta aquí se planteaban y resolvían en forma escrita, profundizando la contradicción y permitiendo una mayor rapidez en el desarrollo de esta etapa e, incluso, la finalización de la causa mediante vías alternativas al juicio oral. Para el caso de pasar las actuaciones a la etapa de juicio, se prevé que la audiencia de debate se cumpla en términos igualmente breves.

II.- Procedimiento para casos de Flagrancia

El procedimiento previsto por el CPPBA (Tít.I bis, arts. 284 bis, ter, quater, quinquies y sexies) se aplica a los casos constatados en flagrancia (art. 154) por delitos dolosos cuya pena máxima no exceda de 15 años de prisión o reclusión. En ellos el Fiscal solicita al Juez de Garantías dentro de las 48 horas de la aprehensión, que declare el caso como de flagrancia y, si correspondiere, que transforme la aprehensión del imputado en detención (284 ter). El Fiscal dispone en estos casos sólo de 20 días (prorrogables por 20 más) para concluir la investigación (284 quater). En el mismo término, las partes pueden acordar y solicitar la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, el juicio abreviado o el directísimo al Juez de Garantías, quien es competente para dictar el pronunciamiento respectivo (284 quinquies). Si las partes no formulan alguna de estas peticiones, vencido ese plazo el Fiscal dentro de los 5 días debe formular la requisitoria de elevación a juicio y, al mismo tiempo, si el imputado se halla detenido, solicita la prisión preventiva (284 sexies).
En base a esta normativa legal, el plan piloto ya implementado en Mar del Plata prevé las siguientes innovaciones:
a) Audiencia de excarcelación y posibles acuerdos: si se solicita la excarcelación del imputado, el Juez de Garantías fija una audiencia dentro de los 5 días, en la que se podrán plantear y resolver las siguientes cuestiones: excarcelación, suspensión del juicio a prueba, juicio abreviado, directísimo, sobreseimiento y prisión preventiva.
b) Audiencia de finalización del proceso de flagrancia: dentro del plazo de 20 días de la aprehensión (prorrogable, 284 quater) el Fiscal solicitará la designación de una audiencia en las que se puede plantear la aplicación de los institutos alternativos (suspensión a prueba, abreviado, directísimo) que el Juez resolverá en la misma audiencia.
Si no hay acuerdos, el Fiscal formula en la audiencia oralmente el requerimiento de elevación a juicio, acompañándolo por escrito. El Defensor puede contestar en el mismo acto o solicitar el plazo legal (art. 336). En este último caso, se suspende la audiencia y el Juez fija en ese momento el día de continuación.
c) Elevación de la causa a juicio: radicada la causa en el Tribunal o Juzgado, dentro de los dos días, se notifica a las partes la radicación y se las habilita a ofrecer prueba (art. 338). Esta se provee dentro de los 5 días, fijando la fecha del debate, que deberá comenzar dentro de los 60 días de radicada.
Resulta interesante destacar que el plan prevé que el modo de comunicación de la información se realice a través del relato de las partes, sin que se acepten argumentaciones por escrito. El sistema de registración de las audiencias es a través de audio que se graba en un CD, lo cual permite su remisión para la resolución de los recursos. Se confecciona un acta en la que figuran los datos de las partes presentes y sus solicitudes en forma resumida, así como la resolución del Juez, que se notifica por lectura al finalizar la audiencia.

III.- Primeros resultados de la aplicación del Plan Piloto

La primera y más evidente bondad del nuevo procedimiento para casos de flagrancia que recepta el CPPBA y de las innovaciones procesales que sobre él articula el plan piloto se resume en la obtención de la tan reclamada CELERIDAD en la administración de justicia en lo penal. En efecto, ello mejora sustancialmente la capacidad de respuesta del sistema penal a los conflictos de los ciudadanos y, en consecuencia, la imagen institucional del Poder Judicial. Y esto no sólo opera como una sensación de eficiencia que se instala en la sociedad cuando conoce que en estos casos se llega a la finalización del conflicto en plazos que –inéditamente- se cuentan en días (pueden ir de 5 hasta 120 como máximo), sino que son en primer lugar los actores afectados por el caso los que se benefician por las evidentes ventajas que implica para ellos una respuesta cercana en el tiempo. En primer lugar, la propia víctima, gracias a que el sistema propende a la obtención casi inmediata de soluciones alternativas que incluyen la reparación del daño (como lo son tanto la suspensión del proceso a prueba como la aplicación de criterios de oportunidad reglada –art. 56 bis CPP- que priorizan la composición del conflicto con la víctima). Y ello no es solo una expresión de deseos. Las estadísticas que surgen de los primeros 20 días de aplicación de esta experiencia arrojan que dichas alternativas se instrumentaron en los siguientes porcentajes, sobre la totalidad de los casos tramitados: suspensión a prueba (33%) y archivos por criterios de oportunidad (15%). En ese mismo período, se dictaron sentencias condenatorias por juicio abreviado en el 10% de los casos. Como se ve con estas cifras, los beneficios alcanzan también a los imputados, a pesar de algunos augurios de avalanchas de condenas sumarísimas con merma de garantías que habría de generar el sistema. Por el contrario, se refuerza el sistema acusatorio y se satisface mejor las expectativas e inquietudes de la persona sometida a proceso al permitirle el contacto inmediato con el juez, acusador y defensor en audiencias orales donde se resuelve su situación detentiva y procesal ya durante la etapa preparatoria. Tampoco es menor el hecho de verse sensiblemente disminuido el tiempo que pasaba el imputado encarcelado hasta que se dictaba la sentencia, con la que en muchos casos se pretendía “legitimar” el encierro prolongado a través de montos de pena excesivos o modalidades de cumplimiento efectivas a personas primarias.

IV. Conclusión
Las innovaciones comentadas tienen como finalidad corregir las dilaciones indebidas del sistema, permitiendo la toma de decisiones que pongan fin al conflicto en el menor tiempo posible, siempre y cuando estén dadas las condiciones para ponerle fin y sin que ello signifique afectación de garantías. Esto es mayormente posible en los casos de flagrancia en los cuales se obtiene en corto tiempo la información indispensable para resolver el conflicto, con frecuentes beneficios para ambas partes. Pero la descongestión del sistema de causas de escaso nivel de complejidad tampoco es un fin en sí mismo, sino que intenta optimizar el modelo de gestión de los recursos materiales y humanos con los que cuentan los órganos estatales de persecución a fin de concentrar la mayor cantidad de ellos en las causas más complejas, vinculadas a modalidades delictivas que presentan altos grados de organización y vinculación con los mercados ilícitos. Generar investigaciones eficientes sobre estas problemáticas es el desafío de un sistema de administración de justicia penal moderno que busque reducir los niveles de impunidad y relegitimar de ese modo al Poder Judicial ante la sociedad.

(*) Alfredo J. Deleonardis es Profesor de la materia Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho (Univ. Nac. de Mar del Plata). Ex Agente Fiscal co-titular (junto al Dr. Fissore) de la Unidad Funcional de Instrucción, Juicio y Ejecución de Delitos en Flagrancia, Dpto. Judicial Mar del Plata. Actual Juez del Tribunal en lo Criminal 4 de Mar del Plata

(*) Gustavo R. Fissore es Profesor de las materias Derecho Penal Parte General y Práctica Procesal Penal de la Facultad de Derecho (Univ. Nac. de Mar del Plata). Ex Agente Fiscal co-titular (junto al Dr. Deleonardis) de la Unidad Funcional de Instrucción, Juicio y Ejecución de Delitos en Flagrancia, Dpto. Judicial Mar del Plata. Actual Juez del Tribunal en lo Criminal 4 de Mar del Plata

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